Por sorteo, el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez será el encargado de estudiar el decreto con el que el Gobierno del presidente Gustavo convoca a la consulta popular.
Ibañez ha reiterado en sus discursos la libertad del alto tribunal, en la posesión de la magistrada Lina Escobar y en presencia del presidente Gustavo Petro dijo: “Un compromiso visible de que la justicia se ejerce sin servidumbres ni presiones externas, solo bajo el imperio de la Constitución”.
También recalcó que “los jueces no se doblegan, en ninguno de sus niveles, ante una fuerza distinta a la de la razón y el derecho”, y añadió: “Téngase en cuenta que la independencia judicial, consagrada en nuestra Carta Política, al igual que en la mayoría de los países democráticos, no es un privilegio de los magistrados, sino una condición indispensable para la vigencia del orden constitucional”.
Y advirtió: “La independencia judicial es esencial para el Estado de derecho, pero también es vulnerable a los ataques si la sociedad a la que sirven los jueces no se empeña en resguardarla. Esa independencia, en tal caso, puede resquebrajarse. La presión indebida —ya sea política, mediática o incluso violenta— puede minar la capacidad de un juez para decidir conforme a la ley y a su conciencia”.
En ese mismo sentido, hizo un llamado a proteger la institucionalidad: “Por eso debemos defender celosamente la autonomía de nuestra Rama Judicial, y con ella, la de la Corte Constitucional”.
El siguiente paso del presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, será presentar un proyecto de decisión que determine si el alto tribunal es competente o no para estudiar la viabilidad del decreto mediante el cual el Gobierno convocó a una consulta popular. Una vez definido este punto, la Corte podrá proceder con el análisis de fondo.
Es importante señalar que el decreto ya enfrenta varias demandas y tutelas que alegan su inconstitucionalidad, tanto por vicios de forma como de fondo. Esta decisión será clave, ya que de ella depende si la consulta puede realizarse el 7 de agosto —como lo propuso el Gobierno Petro— o si, por el contrario, debe archivarse.
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