Este 28 de mayo, el concejal de Bogotá, Juan Daniel Oviedo, presentó su carta de renuncia con el objetivo de postularse como precandidato a las elecciones presidenciales de 2026.
En su carta, expresó: “En este momento, en el que el país se divide más y se debilitan la seguridad y el desarrollo que nos costó décadas construir, quiero asumir una responsabilidad con Colombia. Así mismo, nuestra vocación de servir nos inspira, además de participar en las elecciones presidenciales, a hacerlo en las elecciones legislativas para contribuir a recuperar la confianza en la política y unir a nuestro país alrededor de la esperanza implícita en un propósito común de desarrollo.”
La renuncia de Oviedo no es novedad, ya que meses atrás había manifestado su intención de aspirar a la Presidencia.
El ahora exconcejal ha insistido en la necesidad de construir una propuesta política de centro, alejada de posturas extremas:
“Creemos que, en 2026, Colombia va a querer continuar con el cambio, pero debemos ofrecer alternativas claras sobre cómo debe darse ese proceso. Por eso, queremos estar en la conversación y demostrar que un proyecto de centro es viable en el país.”
Reconocido como una figura emergente en la política nacional, Oviedo se posicionó como candidato independiente a la Alcaldía de Bogotá en 2023, logrando una destacada votación sin el respaldo de maquinaria política.
Uno de los retos más importantes que enfrenta ahora es obtener la personería jurídica para su movimiento político, condición necesaria para participar formalmente en elecciones, acceder a financiación estatal y actuar como partido reconocido.
“Intentamos pedir personería jurídica con el partido ‘Por Toda Bogotá’, pero el Consejo Nacional Electoral la negó. Vamos a seguir haciendo la tarea, que es compleja; solo Álvaro Uribe la logró, siendo dos veces presidente y cabeza de lista al Senado”, señaló en su momento.
La personería jurídica es un reconocimiento legal otorgado por el Estado a los movimientos políticos que cumplen ciertos requisitos, como obtener un porcentaje mínimo de votos en elecciones legislativas o presidenciales, o demostrar un respaldo ciudadano amplio.
