En una comunicación formal remitida al Congreso de la República, el Consejo Superior de la Judicatura advirtió sobre la grave situación financiera que podría enfrentar la rama Judicial en 2027.
La misiva. conocida por Valora Analitik, fue enviada el 2 de septiembre de 2026 a las Comisiones Terceras y Cuartas Conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes. Esta detalla una «preocupante brecha presupuestal» que amenaza con limitar el fortalecimiento del servicio y la continuidad de la administración de justicia en el país.
De hecho, la magistrada Mary Lucero Novoa Moreno, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, solicitó formalmente a los parlamentarios una revaluación y un ajuste del monto asignado en el proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación, radicado por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, el pasado 27 de agosto.
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De acuerdo con el análisis comparativo presentado por la Judicatura, la rama Judicial solicitó para el año fiscal 2027 un presupuesto total de $17,53 billones. Sin embargo, el proyecto de ley gubernamental solo contempló la incorporación de $11,43 billones. Esto genera un déficit o brecha presupuestal de $6,1 billones, lo que equivale a una diferencia del 34,8 % frente a las necesidades proyectadas por el sector.
El impacto más severo se concentra en los gastos de funcionamiento, rubro para el cual la rama Judicial solicitó $14,61 billones, pero el Ministerio de Hacienda solo proyectó asignar $9,91 billones. Esta diferencia de $4,7 billones (-32,2 %) es el punto de mayor preocupación para el Consejo, ya que allí se concentran las obligaciones recurrentes y necesidades prioritarias indispensables para garantizar la operación institucional y la administración de justicia, de acuerdo con la magistrada.
Por otro lado, el servicio de la deuda del sector vería una reducción del 98,8 %, al pasar de una solicitud de $1,42 billones a solo $17.696 millones asignados. Según explica el proyecto de ley, esta diferencia de $1,4 billones se debe principalmente a la exclusión de los recursos proyectados para el Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales, desde donde se atiende el pasivo litigioso.
El único componente que se mantuvo intacto fue el de gastos de inversión, fijado en $1,5 billones, exactamente el monto solicitado, lo que, en palabras de la magistrada, permitirá preservar los principales proyectos estratégicos para la vigencia 2027.
Derechos laborales y plantas de personal en riesgo
La Judicatura enfatiza que este desfase presupuestal limita sustancialmente la capacidad del sector para atender necesidades inaplazables. Entre ellas destaca el fortalecimiento de la planta de cargos de los juzgados y corporaciones, el pago del pasivo litigioso y, fundamentalmente, el cumplimiento de la Ley 2594 de 2026.
Esta ley reconoce la bonificación judicial como factor salarial, un compromiso laboral recurrente que requiere de un respaldo presupuestal firme y que ahora queda en el limbo ante la insuficiencia de los recursos de funcionamiento asignados.
El argumento jurídico de la Judicatura es que el proyecto de presupuesto actual parece ignorar mandatos legales vigentes que blindan los recursos de la justicia frente a políticas de reducción del gasto público.
En primer lugar, cita que la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia estipula que el presupuesto de gastos asignado a la rama Judicial para funcionamiento e inversión debe ser equivalente al 3 % del presupuesto de rentas y recursos de capital del Tesoro Nacional, conforme al Marco Fiscal de Mediano Plazo.
En segundo lugar, invoca la reciente Ley Estatutaria 2430 de 2024, que introdujo una prohibición expresa de disminuir los recursos de la justicia tanto en porcentaje como en términos reales. «En caso alguno este porcentaje podrá ser disminuido. Tampoco el gasto apropiado para cada vigencia fiscal podrá ser inferior en términos reales al presupuestado en el año anterior», dice la norma.
Y es que, aunque el presupuesto propuesto para el sector en 2027 ($11,43 billones) representa un incremento nominal del 4,61 % (+$503.449 millones) frente a la apropiación vigente de 2026 ($10,92 billones), este aumento no incorpora el efecto de la inflación proyectada para el cierre de 2026.
La carta argumenta que, dado que el grueso de los gastos de la rama Judicial corresponde a gastos operativos y obligaciones recurrentes indexadas directamente al comportamiento de los precios y al salario mínimo, un aumento nominal por debajo de la inflación real se traduce en una disminución en términos reales. “Esto constituiría una violación directa a la regla de no regresividad consagrada en la Ley Estatutaria 2430 de 2024”, escribió la presidente.
Ante este panorama, la magistrada Novoa pidió formalmente a los congresistas de las Comisiones Terceras y Cuartas que evalúen detalladamente estas cifras durante el trámite legislativo.
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