El presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, Guillermo García Realpe, confirmó este miércoles que no se pagarán US$5,8 millones para analizar el impacto que han generado en la empresa los casos contra su cabeza, Ricardo Roa.
Según el directivo, en agosto de 2024, la compañía contrató a la firma Covington & Burling por US$875.000 (unos $3.500 millones) para una consultoría de análisis de riesgos, tal y como se viene haciendo desde 2008.
“No es nada nuevo y esta asesoría es para tener información del análisis que tengan las autoridades de EE. UU.”, dijo en W Radio.
Sin embargo, relató que el 31 de diciembre de ese año, un funcionario de la principal empresa de Colombia firmó un otrosí que llevó a incrementar el valor de esos servicios hasta US$5,8 millones, es decir, casi $25.000 millones.
Según García Realpe, esta información solo la conoció la Junta Directiva un mes después, pero fue rechazada de plano, debido al elevado monto que le implicaría a Ecopetrol.
“Cuando lo conocimos, la Junta, los comités y una comisión especial inmediatamente se tomaron medidas y se suspendió ese otrosí”, afirmó el directivo, quien calificó el tema como “delicado, grave y abusivo”.
Y agregó: “No ha ocurrido lo de que se pagará o paga Ecopetrol los US$5,8 millones por una asesoría. No se ha pagado, ni se pagará, no va a pasar eso con los recursos de la empresa y los accionistas”.
Casos de Ecopetrol que se analizan con consultora de EE. UU.
De otro lado, el presidente de la Junta de Ecopetrol afirmó que están «muy preocupados por estas informaciones, muy preocupados por filtraciones que se han venido dando de manera retirada y agresiva».
Y anotó: «Ya no tenemos tranquilidad en dialogar en sesiones absolutamente cerradas de solo miembros de Junta, pero no le vamos a echar la culpa de la infidelidad al sofá. Lo decimos con toda tranquilidad, a pesar del escándalo que se ha armado estamos tranquilos«.
Vale recordar que el contrato que analiza el impacto en Ecopetrol de los casos de Roa incluye la investigación a la campaña del presidente Gustavo Petro, en la cual el presidente de la empresa fungió como gerente.
De hecho, sobre esta situación, la Procuraduría General de la Nación pidió este miércoles sancionar al ejecutivo, porque habría violado los topes permitidos.
