El Gobierno de Abelardo de la Espriella radicó ante el Congreso de la República el proyecto de ley de rescate económico, acompañado de un mensaje de urgencia. A pesar de contar con el respaldo del sector privado, centros de pensamiento y analistas, también ha recibido críticas, principalmente por el ajuste en impuestos.
La iniciativa busca ejecutar un ajuste fiscal acumulado de 4,7 % del PIB para el año 2030, combinando la contención del gasto público con un aumento sustancial de los ingresos tributarios y parafiscales.
Actualmente, la presión sobre las finanzas públicas proviene de una masa de deuda de aproximadamente $100 billones en pasivos contratados a plazos cortos y elevadas tasas de interés.
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Según el diagnóstico oficial, en ausencia de este ajuste, el déficit fiscal del Gobierno Nacional Central escalaría por encima del 9 % del PIB en 2027, el nivel más alto registrado en la historia del país, y la deuda pública neta superaría el 70 % del PIB en 2029 (llegando al 82,1 % en 2030).
Bajo este escenario sin reforma, el pago del servicio de la deuda, las pensiones y las transferencias territoriales absorberían más del recaudo total del Estado, obligando a la Nación a endeudarse para cubrir el funcionamiento básico y los programas sociales.
Proteger el empleo y la canasta básica
Aunque el centro de estudios económicos ANIF respaldó la urgencia de tramitar la Ley de rescate para prevenir una crisis de pagos de proporciones inéditas, su presidente, José Ignacio López, advirtió que la distribución del esfuerzo fiscal está desbalanceada, pues el 54 % del ajuste recae en mayores impuestos sobre familias y empresas y solo el 35 % en menor gasto público.
En respuesta, ANIF, apoyado por la postura del Consejo Gremial Nacional, presentó un paquete alternativo de modificaciones estructurales que inician por posponer o ceder la reducción de la tarifa del impuesto de renta corporativa (manteniéndola en el 35 % actual para las empresas) a cambio de no reintroducir los aportes patronales a la nómina (salud, SENA e ICBF).
Los gremios advierten que eliminar la exoneración generaría un sobrecosto mensual de $315.000 por cada trabajador de tres SMMLV y de $950.000 para cuatro SMMLV, lo cual penaliza la formalidad laboral e incentiva la automatización acelerada de empleos.
La propuesta del Gobierno incluía eliminar la tarifa reducida del 5 % del IVA e integrar masivamente a la tarifa general del 19 % a bienes excluidos y exentos, como productos agropecuarios, café, azúcar, pastas, aceites, insumos agrícolas, combustibles, vehículos híbridos y eléctricos, software, espectáculos e internet de estratos 1 a 3.
ANIF señaló que el 62 % del valor de la canasta que el Gobierno propone gravar con el 19 % de IVA corresponde a bienes intermedios e insumos productivos (alimentos para animales, abonos, plaguicidas, transporte de carga).
Dado que en sectores como restaurantes, ganadería y agricultura el IVA no se puede descontar, la medida generaría entre $6,2 y $8 billones en costos atrapados, provocando pérdidas de bienestar e incrementos de precios que el programa EfectIVA, creado para aplicar la devolución a los estratos bajos, no lograría compensar completamente.
En respuesta, el presidente anunció ayer durante su alocución que el proyecto de Ley de rescate económico no aplicará IVA a los alimentos básicos de la canasta familiar y explicó que su equipo económico revisó la iniciativa para evitar que este cobro afecte el bolsillo de los hogares colombianos. “Tras varios análisis ajustaron la propuesta para proteger la canasta básica, exigiendo un esfuerzo mayor para el Estado”, afirmó.
Días atrás, la Federación de Comerciantes y Tenderos de la Economía Popular alertó que aplicar IVA del 19 % a alimentos básicos (café, azúcar, pastas, aceites) junto con el nuevo impuesto a la cerveza y gaseosas pondría en riesgo la supervivencia de 450.000 tiendas de barrio y 1,75 millones de empleos asociados.
Del mismo modo, Fenaltiendas proyectó que las ventas de cerveza en las tiendas caerían de $25,8 a $13 billones y las de bebidas no alcohólicas de $22 a $11 billones, debido a un aumento de precios de la cerveza de entre el 49 % y el 60 %.
Finalmente, ANIF instó a reevaluar los incrementos desmedidos en impuestos a bebidas alcohólicas y cigarrillos. El centro de pensamiento recordó que el contrabando es un competidor ilegal que, ante aumentos tarifarios agresivos, absorberá el mercado formal, destruyendo el recaudo esperado y erosionando la base tributaria.
Al respecto, un estudio del economista Daniel Mejía concluyó que elevar el impuesto específico a $11.200 por cajetilla dispararía el contrabando de cigarrillos a niveles superiores al 90 % del mercado.
Esto provocaría que el recaudo real para la salud caiga un 75 % (ubicándose en apenas $240.000 millones) y que las rentas del crimen organizado y las mafias de contrabando se dupliquen, pasando de $395.000 millones a más de $900.000 millones anuales.
Para reemplazar los recursos que se dejarían de percibir al ajustar el IVA y los costos de nómina, ANIF propone: hacer un recorte del 10 % en los cargos públicos creados en los últimos años en la rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación y los órganos de control.
También planteó hacer una enajenación de activos estratégicos del Estado, específicamente la venta de la participación en la empresa ISA para amortizar la deuda y reducir el costo de los intereses.
Rebalanceo entre gasto, inversión y venta de activos
El exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, calificó la crisis fiscal como una «bomba de tiempo» y criticó que la propuesta oficial dependa en un 75 % de mayores impuestos y solo en un 25 % de recorte de gasto para 2027.
De hecho, propuso una distribución alternativa para cubrir el déficit de $44 billones del próximo año, 50 % mediante recorte del gasto público ($22 billones) con el desmonte gradual de subsidios a combustibles, recortes de contratos de prestación de servicios y revisión de fondos y entidades públicas.
A este esfuerzo se sumarían $13 billones (30 %) vía mayores ingresos tributarios entre ajuste al IVA, personas naturales y una contribución sobre la nómina destinada exclusivamente al financiamiento de la salud, así como $9 billones (20 %) mediante venta de activos estatales, como acciones de empresas públicas adquiridas o gestionadas a través de la Financiera Nacional.




