El alcalde Jaime Pumarejo Heins afirmó que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) está incumpliendo, de manera arbitraria, el contrato de compraventa con la empresa de economía mixta K-yena, en la cual el Distrito de Barranquilla tiene participación mayoritaria.
“A pesar de haber sido advertida en diversas instancias por la Contraloría y la Procuraduría, de que no podía desconocer un contrato vigente, ha tomado la decisión de cambiar todos los miembros de junta directiva, desconociendo de tajo su obligación contractual y, además, generando una inestabilidad en la empresa y en la prestación de los servicios públicos del departamento del Atlántico”, aseguró.
Agregó que, además, la SAE no ha hecho la transferencia de las acciones a favor de la empresa vinculada al Distrito, como era su obligación antes del 30 de diciembre.
“Se iniciarán las acciones legales correspondientes para denunciar estos actos y, además, hacer valer los derechos contractuales del Distrito y sus empresas, empezando por el cumplimiento del contrato y el pago de la cláusula penal por 59.000 millones de pesos”, anunció el mandatario barranquillero.
Contrato de la empresa Triple A
El Distrito de Barranquilla, a través de K-yena (empresa de economía mixta, de carácter público, con el 65 % de las acciones pertenecientes a la Alcaldía de Barranquilla), firmaron hace más de un año un contrato para comprar las acciones de la empresa Triple A a la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Barranquilla hizo esta oferta para recuperar una empresa que era del Distrito y por malas decisiones y malos manejos terminó perdiendo, y se quedó solo con el 14,5 %. Además, se constituyó como víctima en los procesos penales que se adelantan contra los antiguos accionistas de la empresa.
Del 85 %, Barranquilla pasó a tener el 14.5 %. El Distrito le solicitó al Gobierno le pasaran las acciones en manos de la SAE de manera gratuita, ya que era la víctima y concedente de la concesión. Esta solicitud fue rechazada porque debía adelantarse una venta directa, de acuerdo con los lineamientos legales actuales.
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La SAE contrató dos bancas de inversión para hacer la valoración, entre ellas a Deloitte, una de las firmas multinacionales con mayor reputación y número de transacciones en este ámbito.
El valor tasado por la empresa, que tiene 10 años de concesión vigente, y que debe pagar el 30 % de su flujo de caja libre anual como regalías al Distrito, fue de $565.000 millones a la fecha de la transacción. K-yena le ha girado más de $300.000 millones a la SAE y ha cumplido a la fecha con todas las obligaciones legales.
En el cambio de gobierno, la SAE manifestó tener reparos en la valoración de la empresa, al haber incurrido en claros errores aritméticos y de conocimiento al no haber entendido que esta empresa no es dueña de sus activos, sino que tiene una concesión sobre activos que pertenecen al Distrito de Barranquilla y que esa concesión se vence en el 2033.
Además, estos activos pagan unas regalías del 30 % del flujo de caja libre que produce la empresa anualmente.
Con base en estos errores de cálculo, piden a la Contraloría y otros entes de control revisar las valoraciones y la legalidad del contrato, en mesas a las cuales el Distrito accede, y le pide a dichos entes una revisión especial para dejar claridad en las actuaciones.
A pesar de esto, y aun cuando en reiteradas ocasiones la Contraloría y la Procuraduría han manifestado que el contrato está en curso y debe cumplirse, y que su control será posterior, la SAE está incumpliendo el contrato de maneras muy explícitas:
Ha recibido el pago del 50 % de las acciones y no han cedido las acciones a favor de Kyena como estipulaba el contrato.
Ha tomado la decisión arbitraria de cambiar todos los miembros de junta directiva desconociendo de tajo su obligación contractual y, además, generando una inestabilidad en la empresa y la prestación del servicio de acueducto.
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Ha ignorado las diversas comunicaciones telefónicas y escritas que se han intentado adelantar con la entidad para satisfacer sus inquietudes sin tener que elevar las disputas ni generar riesgos patrimoniales hacia ninguna de las partes.
El contrato tiene estipulada una cláusula penal de $59.000 millones por incumplimiento del mismo, el cual hoy se evidencia está siendo incumplido en varias de sus cláusulas de manera arbitraria y de esa manera causándole un detrimento al Estado y unos potenciales perjuicios económicos mayores.
En aras de preservar el patrimonio de los barranquilleros y el anhelo de recuperar una empresa de prestación de servicios de la cual fue despojada hace décadas, por decisiones similarmente arbitrarias, el Distrito presentará las acciones legales de cumplimiento y resarcimiento, también las respectivas denuncias ante los entes de control, las cuales está obligada a hacer frente a estas que se apartan del ordenamiento legal.
