La Ley de Rescate Económico propone reducir gradualmente el impuesto de renta empresarial, pero también modificar los aportes a salud, SENA e ICBF y ampliar los bienes y servicios gravados con IVA. KPMG advierte que las compañías deberán evaluar el efecto conjunto de estas medidas antes de definir sus presupuestos para 2027.
El Proyecto de Ley 477 de 2026, radicado el 29 de octubre en la Cámara de Representantes con mensaje de urgencia, plantea una serie de cambios tributarios y económicos que podrían modificar los costos de operación de las empresas en Colombia.
Aunque la iniciativa contempla una reducción progresiva de la tarifa de renta, también propone limitar las exoneraciones de aportes parafiscales, modificar el tratamiento del IVA para determinados bienes y servicios, establecer incentivos a la inversión y racionalizar el gasto público.
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Por ahora, se trata de una propuesta que deberá surtir su trámite en el Congreso y ninguna de estas disposiciones está vigente.
Para KPMG, el impacto de la iniciativa no puede medirse únicamente por el eventual ahorro en el impuesto de renta. El resultado dependerá de factores como la estructura de costos de cada compañía, la composición de su nómina, el consumo de servicios gravados, los planes de inversión y su relación comercial con el Estado.
El análisis cobra relevancia porque las empresas están definiendo sus presupuestos y decisiones de inversión para 2027. Si el proyecto es aprobado durante 2026, varios de los cambios propuestos en materia de renta y aportes comenzarían a aplicarse desde el próximo año.
«El análisis empresarial no debería quedarse únicamente en que baja la tarifa de renta. El proyecto combina una serie de medidas que pueden reducir determinadas cargas con otras que podrían incrementar costos de operación. Por eso, el ejercicio más útil en este momento es modelar el efecto conjunto sobre cada compañía y construir escenarios antes de cerrar definitivamente el presupuesto de 2027», señaló Camilo Rodríguez, de KPMG.
Menor impuesto de renta, pero mayor costo de nómina
Uno de los cambios más relevantes de la propuesta está en el impuesto de renta empresarial. El proyecto plantea reducir la tarifa general de las sociedades, actualmente de 35 %, a 33 % en 2027 y a 31 % a partir de 2028.
Sin embargo, este beneficio coincidiría con modificaciones en los aportes patronales a salud, SENA e ICBF.
Actualmente, la mayoría de las sociedades están exoneradas de estos aportes respecto de los trabajadores que devengan menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), equivalentes a $17.510.000 en 2026.
La iniciativa propone reducir el alcance de esa exoneración. El beneficio completo se mantendría para trabajadores que reciban hasta dos SMLMV ($3.502.000 en 2026), mientras que para quienes devenguen más de dos y hasta tres salarios mínimos se establecería un tratamiento especial. Por encima de tres SMLMV ($5.253.000), las empresas tendrían que asumir los aportes correspondientes.
Este cambio podría tener un efecto importante en las compañías intensivas en mano de obra y talento, donde el ahorro derivado de una menor tarifa de renta podría verse parcialmente compensado por un incremento en los costos laborales.
«Dos empresas con la misma utilidad podrían experimentar efectos muy distintos dependiendo de su nómina. Por eso, no basta con proyectar la tasa de renta: también es necesario calcular qué pasa con los aportes asociados al personal y determinar si el eventual ahorro tributario compensa o no otros costos adicionales», explicó Rodríguez.
Cambios en IVA podrían encarecer compras y servicios empresariales
El IVA es otro de los frentes que las compañías deberán revisar. El proyecto propone eliminar la tarifa del 5 % y modificar el tratamiento tributario de diferentes bienes y servicios. Algunas exclusiones desaparecerían desde la promulgación de la eventual ley, mientras que otros cambios entrarían en vigor a partir de 2028.
Entre las modificaciones con impacto empresarial está la eliminación de exclusiones para determinados servicios de software relacionados con contenidos digitales, páginas web, alojamiento de información (hosting) y computación en la nube, que podrían pasar a estar gravados con la tarifa general del 19 %.
La iniciativa también plantea eliminar la tarifa diferencial del 5 % para vehículos eléctricos e híbridos, aunque mantiene su tratamiento como medida de gestión eficiente de energía.
Además, desde 2028 se ampliaría el universo de bienes y servicios sujetos a la tarifa general del IVA.
Para las empresas, esto implica revisar no solamente los impuestos que cobran a sus clientes, sino también el efecto que podrían tener los cambios en sus compras de tecnología, infraestructura digital, renovación de flotas e insumos necesarios para la operación.
Nuevo régimen contempla renta del 20 % para grandes inversiones
La propuesta también incorpora incentivos para atraer capital y ofrecer condiciones de estabilidad jurídica a los inversionistas.
Uno de ellos es el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (RUGE), que contempla tarifas preferenciales de renta para proyectos de gran escala que cumplan determinados requisitos de inversión, generación de empleo y otras condiciones establecidas en el proyecto.
Según el texto radicado, algunas inversiones que comiencen en 2027 o 2028 podrían acceder a una tarifa de renta del 20 %, mientras que aquellas que inicien en 2029 tendrían una tarifa del 26 %.
Este mecanismo abre una posibilidad para las compañías que estén evaluando expansiones o nuevos proyectos en el país. Sin embargo, antes de acogerse al régimen deberán comparar sus beneficios con las condiciones, compromisos y requisitos exigidos frente al tratamiento tributario ordinario.
Recortes del Estado también podrían afectar a proveedores
El impacto de la Ley de Rescate Económico no se limita a los cambios tributarios. El Gobierno Nacional también plantea que una parte importante del ajuste fiscal provenga de reducciones y eficiencias en el gasto público.
De acuerdo con la presentación oficial de la iniciativa, cerca del 70 % del ajuste previsto estaría respaldado por medidas de racionalización y recorte del gasto estatal.
Este componente introduce otro riesgo para las empresas cuya actividad depende de la contratación pública. Consultoras, proveedores de servicios profesionales, compañías tecnológicas y otros contratistas del Estado tendrían que contemplar posibles modificaciones en los presupuestos y procesos de contratación de las entidades públicas.
Así, una compañía podría beneficiarse de una menor tarifa de renta y, al mismo tiempo, enfrentar mayores costos laborales, cambios en el IVA o una reducción de la demanda proveniente del sector público.
Empresas deberán revisar sus presupuestos para 2027
Para KPMG, aunque el proyecto podría experimentar modificaciones sustanciales durante su discusión en el Congreso, las empresas no deberían esperar a que termine el trámite legislativo para evaluar sus posibles efectos.
La recomendación es construir escenarios que contemplen al menos cinco variables: impuesto de renta, costo total de nómina, IVA asociado a bienes y servicios relevantes, inversiones previstas y dependencia de contratos o demanda del Estado.
El objetivo es comparar las condiciones actuales con las que podrían establecerse si la iniciativa es aprobada, sin asumir que el texto radicado será necesariamente el definitivo.
«La planeación financiera en este momento requiere flexibilidad. El texto puede cambiar durante el trámite, pero ya permite identificar dónde podría estar la mayor exposición de cada compañía. Construir escenarios ahora ayuda a evitar que una modificación regulatoria obligue a rehacer completamente presupuestos, decisiones de contratación o planes de inversión cuando el año ya esté en marcha», concluyó Rodríguez.
