El proyecto de ley de sometimiento de grupos armados del gobierno de Abelardo De la Espriella avanzó en el Congreso y pasará a plenarias de Senado y Cámara.
Las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara aprobaron en primer debate y con mensaje de urgencia, la iniciativa que busca reemplazar el modelo de Paz Total del expresidente Gustavo Petro por un esquema de sometimiento a la justicia, sin reconocimiento político ni negociaciones de paz con organizaciones criminales.
El proyecto establece condiciones para que integrantes de grupos armados ilegales accedan a beneficios judiciales a cambio de colaborar con la justicia.
¿Cuáles son los cambios que propone la ley de sometimiento?
El proyecto establece una oferta unilateral de sometimiento a la Constitución y a la ley para actores armados ilegales, sin reconocerles estatus político ni habilitar mesas de negociación. A cambio, contempla rebajas de pena condicionadas a la entrega de información verificable, la reparación de las víctimas, la entrega de bienes y la colaboración con la justicia.
Entre los principales cambios se encuentran las rebajas de pena diferenciadas según el rango dentro de las organizaciones criminales. Los integrantes con funciones de mando podrán acceder a reducciones de hasta el 30 %, mientras que los demás miembros podrán aspirar a rebajas de hasta el 50 %, según lo establecido en la propuesta.
El ministro de Justicia, Iván Cancino, explicó que el articulado modifica el concepto de “rol de liderazgo” por el de “rol de mando”, con el propósito de delimitar los beneficios que recibirán quienes ocupen posiciones de autoridad dentro de las estructuras criminales.
La propuesta también contempla que los procesados cumplan sus condenas en cárceles ordinarias, sin lugares especiales de reclusión ni privilegios penitenciarios. Además, establece que para acceder a la libertad condicional deberán cumplir cuatro quintas partes de la condena, frente a las tres quintas partes previstas en el régimen ordinario.
El Gobierno sostiene que este esquema busca incentivar la desmovilización y la colaboración judicial sin abrir espacios de negociación política con organizaciones dedicadas al narcotráfico y otras actividades criminales.
Ley de sometimiento y Estatuto Antiterrorista: la estrategia del Gobierno
La iniciativa hace parte de una estrategia de seguridad más amplia, que incluye el Estatuto Antiterrorista y una ofensiva militar y policial contra las organizaciones narcoterroristas.
“La lógica es muy clara: un Estatuto Antiterrorista y una ofensiva militar y policial contra todas las organizaciones narcoterroristas y al mismo tiempo, a las que abrumadas por la fuerza del Estado quieran someterse a la ley, desarmarse, entregar las redes de financiación ilícitas y colaborar con la justicia, pues lo puedan hacer”, afirmó el ahora exministro del Interior, Rodrigo Lara.
La ley de sometimiento constituye una de las dos principales piezas legislativas de la política de seguridad del Gobierno. La segunda, el Estatuto Antiterrorista, está pendiente de avanzar en el trámite legislativo. A este paquete se suma la reforma denominada “antimermelada”, impulsada por Lara, que busca establecer nuevas reglas para las gestiones de los congresistas ante el Ejecutivo.
Tras la aprobación en comisiones primeras conjuntas, el proyecto deberá superar dos debates más, uno en la plenaria del Senado y otro en la plenaria de la Cámara de Representantes, antes de completar su trámite en el Congreso.
