El Gobierno Nacional puso en marcha un paquete extraordinario de medidas para prepararse ante el denominado ‘Mega Niño’, un fenómeno climático que, según las proyecciones oficiales, comenzará a intensificarse en diciembre y podría extender sus efectos hasta marzo de 2027 o incluso más allá.
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La estrategia contempla la reasignación de recursos públicos, inversiones urgentes en agua potable, energía solar, producción de alimentos y subsidios para el sector agropecuario, con el objetivo de reducir el impacto de una sequía que el presidente Gustavo Petro calificó como «nunca antes vista».
Los anuncios fueron realizados durante la Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, celebrada en la Casa de Nariño, donde el mandatario aseguró que las próximas semanas serán determinantes para ejecutar las acciones que permitan mitigar los efectos del fenómeno climático.
«Lo que se viene es una gran tragedia, el principal riesgo es la vida o la muerte. Para muchos, cuantificarlo, yo diría millones de personas, si nos descuidamos», afirmó el presidente.
Según Petro, la evidencia científica disponible indica que el país enfrentará una sequía de gran magnitud desde finales de este año: «Dice la ciencia que en diciembre habrá una tragedia de sequía, que se extenderá hasta marzo de 2027, y de pronto más allá. Una sequía nunca antes vista», aseguró.
Los recursos y medidas para afrontar el Mega Niño y la sequía
La primera decisión anunciada por el Gobierno será modificar la destinación de parte del presupuesto nacional para fortalecer la capacidad de respuesta frente al fenómeno climático.
Petro informó que solicitó trasladar $4 billones que estaban previstos como vigencias futuras para el programa Colombia Solar hacia la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con el propósito de completar $8 billones destinados a Gecelca, empresa con la que el Ministerio de Minas y Energía suscribió un acuerdo para expandir la generación de energía solar.
«Lo primero es la vida humana, lo segundo la vida de la naturaleza y lo tercero la energía. La primera decisión es llevar el dinero adonde se necesita hoy con urgencia, no mañana», explicó el mandatario.
El Gobierno considera que esta estrategia permitirá reducir el impacto que tendría una disminución en los niveles de los embalses y garantizar parte del suministro energético durante el periodo de mayor sequía.
Dentro del plan también se contempla acelerar la instalación de paneles solares en viviendas vulnerables. Según explicó el presidente, cada sistema tendría un costo aproximado de entre $7 millones y $8 millones, por lo que el Estado asumiría su financiación para las familias que no puedan costearlos.
«La gran batalla de la resistencia es poner paneles solares en las casas de los damnificados de la emergencia del Frente Frío y del Mega Niño», sostuvo.
Además, indicó que la contratación se realizará de manera directa con empresas, ingenieros, técnicos y tecnólogos que cuenten con la capacidad para ejecutar rápidamente las instalaciones.
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Petro insistió en que el mayor riesgo no será únicamente el suministro de energía, sino la disponibilidad de agua para el consumo humano y la producción de alimentos: «El agua es lo que se va a acabar, no sabemos en qué magnitud. Ojalá Bogotá no vuelva a sufrir», afirmó.
Por esa razón, ordenó que todos los proyectos de acueductos que ya cuenten con diseños, pero carezcan de financiación, reciban recursos de manera prioritaria.
Asimismo, anunció la adquisición de plantas desalinizadoras para fortalecer el abastecimiento en municipios del norte del Caribe, La Guajira, San Andrés y Santa Marta, recurriendo a contratación directa en el marco de la emergencia.
Otra de las medidas estará enfocada en evitar un desabastecimiento de alimentos como consecuencia de las altas temperaturas y la reducción de las lluvias.
El presidente pidió acelerar la entrega de 500.000 hectáreas que aún no han sido adjudicadas y coordinar acciones entre la Agencia Nacional de Tierras, la Superintendencia de Notariado y Registro y el Ministerio de Justicia para ampliar la producción agrícola.
«Hay que entregar más tierra, más agua para sembrar alimentos, porque el sol va a chicharrar muchos alimentos y quemará cosechas», manifestó.
También instruyó al Banco Agrario y demás entidades financieras públicas a fortalecer las líneas de crédito para los productores agropecuarios.
Como complemento, anunció que $1 billón será destinado a subsidiar fertilizantes para pequeños, medianos y grandes agricultores. «Lo que sirve es producir alimentos para salvar vidas», puntualizó.
Las medidas serán implementadas con fundamento en la Ley 1523 de 2012, que regula la gestión del riesgo de desastres y permite declarar situaciones de emergencia cuando exista una amenaza inminente, incluso antes de que se materialicen los daños.
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El director de la UNGRD, Javier Pava, explicó que el criterio utilizado corresponde precisamente al principio de inminencia previsto en esa norma: «La obligación del Estado es intervenir de manera anticipada a la materialización plena del daño, aplicando el principio de precaución y la responsabilidad de proteger a la población frente a desastres previsibles», señaló.
