La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, encendió las alarmas frente a una propuesta de la Corte Suprema de Justicia de Colombia al Congreso de la República sobre el proyecto de ley de Jurisdicción Agraria, al considerar que podría frenar el avance de la reforma agraria en el país.
Según explicó la funcionaria, el documento planteaba retirar a la Agencia Nacional de Tierras la facultad legal de adjudicar bienes baldíos, una atribución que hoy le permite administrar y distribuir estos predios en nombre del Estado.
Para el Gobierno, esta propuesta implicaría “sustraer de la administración de la Nación los bienes baldíos”, considerados una pieza central del régimen agrario colombiano.
Horas después de que se conocieran esas observaciones, cerca de las 11 de la noche, la Corte Suprema emitió un comunicado aclarando que la posición expuesta en ese documento “no recoge la postura oficial del alto tribunal”, lo que abrió un nuevo capítulo en el debate legislativo.
Pese a esa aclaración, Carvajalino insistió en la necesidad de que el Congreso haga precisiones durante la discusión del proyecto, al advertir que lo que está en juego es el alcance de la reforma agraria impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
“La discusión de fondo es si protegemos el régimen agrario, sus objetivos y fines, o si frenamos la reforma agraria que hemos intentado consolidar en el país desde hace más de 60 años”, señaló la ministra.
Los puntos de preocupación del Gobierno
El Ministerio de Agricultura argumentó que los bienes baldíos son propiedad de la Nación y tienen una destinación constitucional específica: beneficiar a campesinos sin tierra, pueblos indígenas, comunidades negras y garantizar la protección ambiental.
Por ello, insiste en que quitarle a la Agencia Nacional de Tierras la facultad de adjudicarlos debilitaría la capacidad del Estado para administrar uno de los principales instrumentos de la reforma agraria.
Además, el Gobierno expresó preocupación por la posibilidad de judicializar procesos administrativos como la clarificación de la propiedad, los deslindes de tierras públicas y la reversión de predios cuando no se cumplen las condiciones de adjudicación, al considerar que esto podría ralentizar el acceso a tierras y obstaculizar el saneamiento predial.
Otro de los reparos apunta al alcance de la nueva Jurisdicción Agraria creada por mandato constitucional. Para la ministra, esta no debe limitarse exclusivamente a conflictos sobre tierras, sino abarcar el derecho agrario en su conjunto, incluyendo actividades de producción, transformación y comercialización agropecuaria.
Carvajalino defendió el papel histórico de la Agencia Nacional de Tierras y recordó que esta función existe desde 1961.
“Durante décadas quienes gobernaron omitieron ejercer adecuadamente estas funciones; paradójicamente, ahora que se está haciendo la reforma agraria, quieren quitárselas”, afirmó.
Y lanzó una advertencia política: “No puede llamarse demócrata quien quiera detener la reforma agraria o facilite las lógicas de acaparamiento y concentración”.
