La hipótesis de que el atentado sicarial contra el senador Miguel Uribe Turbay tuvo motivaciones políticas abrió un nuevo capítulo de confrontación entre la Fiscalía General de la Nación y el presidente Gustavo Petro.
Durante la audiencia de imputación de cargos contra Katerine Andrea Martínez Martínez, alias ‘Gabriela’, una de las presuntas implicadas en el crimen, la Fiscalía afirmó que el intento de homicidio se produjo “por el hecho de ser senador y estar desarrollando campaña política como precandidato a la presidencia”.
En el audio revelado por la unidad investigativa de Noticias Caracol, la fiscal del caso señala que el atentado se dio en el marco de dicha campaña, y que Uribe, integrante de un partido declarado en oposición (Centro Democrático), ya había advertido a la Unidad Nacional de Protección (UNP) sobre los riesgos que enfrentaba por sus posturas políticas. Según la Fiscalía, no existen evidencias de que el senador tuviera amenazas por motivos personales, económicos o familiares.
El presidente Petro respondió a través de su cuenta de X, señaló que “eso no se puede decir, aún hoy, y aunque es una hipótesis de investigación, aún no se puede decir con certeza que haya fines políticos en el atentado y, peor aún, cuál interés político tendría el verdadero asesino”.
Petro también cuestionó la caracterización del crimen como político y aseguró que los cuatro capturados hasta ahora son “miembros del microtráfico bogotano” y que todavía no se ha determinado quiénes fueron los autores intelectuales.
¿En qué van las investigaciones del caso de Miguel Uribe?
Mientras tanto, la investigación avanza con nuevas capturas. La más reciente fue la de William Fernando Cruz, quien habría ayudado en la huida a dos de los presuntos responsables del ataque: alias ‘El Costeño’ y alias ‘Gabriela’. Las autoridades lograron ubicarlo mediante imágenes en las que aparece desplazándose por la zona del atentado en un vehículo y reuniéndose con otros implicados.
Cruz se suma a otros detenidos, como el menor de 15 años señalado como el autor material del disparo, el conductor del vehículo Spark en el que escaparon y la misma ‘Gabriela’, acusada de entregar el arma al sicario.
En medio del revuelo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado colombiano un informe detallado sobre las condiciones de seguridad del senador Miguel Uribe, su familia y su equipo político. La petición incluye las acciones adoptadas tras el atentado.
“El Estado debe responder cuál es la seguridad actual de Miguel, qué medidas se han implementado para su familia y por qué no tenía la protección necesaria cuando ocurrió el atentado”, declaró su abogado, Víctor Mosquera, a medios de comunicación desde las afueras de la Fundación Santa Fe, donde Uribe permanece hospitalizado en estado crítico.
