Este 11 de agosto se confirmó el fallecimiento del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, vÃctima de un atentado perpetrado el pasado 7 de junio en Bogotá.
Las autoridades mantienen activas las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con todos los responsables.
Entre los procesados se encuentra el adolescente que disparó contra el congresista, asà como Carlos Eduardo Mora González, señalado de participar en actividades previas y facilitar un vehÃculo para trasladar el arma al menor el dÃa del ataque.
También está Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño, señalado como el presunto coordinador del ataque; igualmente está Katerine Andrea MartÃnez MartÃnez, acusada de transportar y entregar la pistola tipo Glock utilizada, además de ubicarse cerca del parque El Golfito (barrio Modelia) para verificar la ejecución del atentado; y William Fernando González Cruz, presunto implicado en la planeación, selección del menor ejecutor y apoyo en la huida de los demás participantes.
Todos fueron imputados por delitos como homicidio agravado en grado de tentativa, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, uso de menores en la comisión de delitos y ocultamiento o destrucción de material probatorio.
La FiscalÃa recordó que la tentativa de homicidio tiene un agravante contemplado en el numeral cuarto del artÃculo 104 del Código Penal, aplicable a defensores de derechos humanos, periodistas, servidores públicos o miembros de organizaciones polÃticas. En este caso, se argumentó la condición de Uribe Turbay como integrante de una colectividad polÃtica.
El adolescente de 14 o 15 años identificado como el autor material del ataque se declaró culpable. En una audiencia ante un juez especializado en justicia para adolescentes, admitió formalmente los cargos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas
El próximo 27 de agosto se llevará a cabo la lectura de sentencia, donde se definirá la sanción que deberá cumplir, estimada en hasta 8 años de internamiento en un centro especializado para menores infractores, según el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.
Hasta ahora, ninguno de los demás implicados ha admitido los cargos. Todos enfrentan procesos por homicidio agravado en grado de tentativa, uso de menores en delitos, porte ilegal de armas y otros delitos conexos
El caso ha implicado la verificación de 89 cámaras de seguridad, ocho interrogatorios, 43 entrevistas a testigos, siete registros y allanamientos, 51 búsquedas selectivas en bases de datos, tres perfiles criminales y tres retratos hablados, entre otras diligencias, con el fin de individualizar a los autores intelectuales
