La Contraloría General de la República profirió fallo con responsabilidad fiscal por $56.028 millones tras la pérdida de inversión de los recursos públicos destinados -durante 2010 a 2013- al componente agrícola del proyecto para la producción de etanol “El Alcaraván” (caso Bioenergy de Ecopetrol).
Ya que la caña sembrada no se utilizó para el propósito pretendido por Bioenergy, que era la producción del biocombustible.
La situación anterior se dio a causa de la falta del paquete tecnológico idóneo para el cultivo industrial, y de la variedad -o variedades- de caña aptas para la altillanura, que conllevó a una baja productividad en TCH (Toneladas de Caña por Hectárea) y obligó a la erradicación de las variedades de caña sembradas y la disposición de la materia prima como abono verde.
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El caso reviste de la mayor importancia para el ente de control, dado que previamente el contralor general de la República había declarado de Impacto Nacional los hechos relacionados con los hallazgos fiscales establecidos como resultado de una actuación especial adelantada por la Contraloría Delegada para el sector de Minas y Energía a los recursos invertidos en el proyecto de etanol «El Alcaraván», pertenecientes a la empresa Bioenergy, filial de la Empresa Colombiana de Petróleos – Ecopetrol.
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Según la Contraloría, este fallo de responsabilidad fiscal recae en ocho directivos de Bioenergy, entre los cuales están cinco miembros principales de la Junta Directiva de Bioenergy S.A. (hoy Bioenergy S.A.S), dos gerentes generales y uno agrícola.
Dentro del fallo se encuentra como tercero civilmente responsable a Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.
Cabe recordar que, en diciembre de 2022, la Contraloría General de la República (CGR) de Colombia profirió fallos con responsabilidad fiscal por $1.338 millones, por pérdida de recursos de Bioenergy S.A. (hoy SAS) y Ecopetrol.
El primer fallo con responsabilidad fiscal corresponde a la suma indexada de $1.029 millones, por la pérdida de recursos públicos que se dio a raíz de irregularidades presentadas en la ejecución de ocho contratos de arrendamiento de predios, suscritos por Bioenergy S.A (hoy Bioenergy SAS) entre 2013 a 2015.
Sin que los terrenos fueran utilizados para el cultivo de caña de azúcar destinada para el suministro de la planta de producción de etanol “El Alcaraván”, en el departamento del Meta, que era el único fin de los negocios jurídicos.
El daño patrimonial, por $1.029 millones, corresponde al pago de cánones de arrendamiento de los predios no utilizados.
