La OCDE presentó su más reciente informe sobre Cohecho en Transacciones Comerciales Internacionales en el que señaló que Colombia no está cumpliendo con las obligaciones contraídas en la Convención del organismo sobre el tema.
En otras palabras, se acusa de que las sanciones del país a empresas o personas que sobornan a funcionarios públicos siguen siendo demasiado laxas.
El análisis fue efectuado por el Grupo de Trabajo, compuesto por 46 países, que finalizó la evaluación respecto a la Fase 4 de la aplicación de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales y otros instrumentos relacionados.
“Aunque Colombia ha impuesto su segunda sanción administrativa por cohecho internacional a una persona jurídica, no ha llegado a perseguir jurídicamente a ninguna natural y sus niveles de detección son bajos”, dijo la entidad.
El informe resalta que los mecanismos de asistencia jurídica mutua “no están coordinados y están infrautilizados, y los riesgos asociados a la independencia de las investigaciones y los procedimientos judiciales siguen sin abordarse debidamente”.
En consecuencia, hay una preocupación por la persistente falta de protección para los denunciantes, “así como por el marcado aislamiento institucional de las agencias responsables de la detección, investigación y enjuiciamiento del cohecho internacional”.
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Las recomendaciones de la OCDE a Colombia
El informe de la OCDE además detalla otras áreas en las que Colombia podría mejorar su eficacia en materia de prevención, detección y aplicación de la ley frente al delito de cohecho internacional.
Entre ellas se encuentra, en primera instancia, reforzar los problemas de coordinación entre agencias clave responsables de la lucha contra el cohecho internacional, incluidas la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia de Sociedades.
Asimismo, garantizar que se abran investigaciones cuando se solicite asistencia jurídica mutua y se comparta de forma proactiva información interna para que todas las posibles imputaciones derivadas de estas solicitudes puedan ser investigadas debidamente.
Para la OCDE también es urgente implementar de carácter urgente un marco integral de protección de los denunciantes y asegurar la independencia de las investigaciones y enjuiciamientos.
A pesar de las fuertes advertencias, la organización también destacó algunos cambios positivos en Colombia que pueden contribuir a combatir el cohecho internacional.
“Bancóldex ha implementado completamente las recomendaciones pendientes de las Fases 2 y 3. Colombia también ha establecido un sistema de cumplimiento asociada a la detección y sanciones en materia de lavado de dinero aplicable a las entidades del sector privado que no pongan en marcha estas medidas preventivas”, dijo.
A su juicio, este sistema aumenta la probabilidad de que las entidades presenten diligentemente reportes de actividades sospechosas y de que mejore la detección del cohecho internacional.
El análisis tiene relevancia para la OCDE si se tiene en cuenta que Colombia es un Estado unitario de América Latina con una población de 52,9 millones de habitantes; y una economía de ingreso medio alto con sólidas perspectivas de crecimiento económico.
A 2024, el país registró un PIB (Producto Interno Bruto) de US$418.000 millones, lo que la convierte en la economía número 26 por tamaño del PIB entre los 46 países del Grupo de Trabajo y en la cuarta economía más grande de América Latina, después de Brasil, México y Argentina.
