Tras la firma de dos acuerdos preparatorios en los últimos años, Odebrecht y el Estado peruano formalizaron el viernes pasado el acuerdo definitivo que establece las bases para la continuidad de cooperación de la empresa con la justicia del país, señaló un comunicado de la constructora.
La empresa brasileña se comprometió a pagar 610 millones de soles (cerca de 182 millones de dólares) al erario de Perú.
Uno de los fiscales del equipo especial de la Lava Jato en Perú, Rafael Vela, mencionó, según EFE, que también deberá pagar los intereses legales añadidos sobre el valor acordado, que podrían ascender a los 150 millones de soles (unos 45 millones de dólares) y que la suma total deberá ser abonada a lo largo de 15 años.
Para el Grupo Odebrecht este es otro hito importante dentro de un amplio proceso de colaboración con las autoridades de varios países, que ya trajo resultados efectivos, ayudando a impulsar avances estructurales en las relaciones entre la iniciativa privada y el poder público.
Perú es el octavo país con el cual Odebrecht llega a un acuerdo. Forman parte del grupo Brasil, Estados Unidos, Suiza, República Dominicana, Panamá, Ecuador y Guatemala.
El procurador peruano, Jorge Ramírez, afirmó que otro aspecto clave del acuerdo es que, a cambio de que pueda presentarse en licitaciones públicas, la empresa deberá pagar aún en 2019 «todos los impuestos vigentes hasta la fecha», que suman unos 450 millones de soles (unos 135 millones de dólares).
«Este año entrarían al tesoro público (de Perú), 450 millones de soles (135 millones de dólares) más 80 millones (24 millones de dólares) que corresponden a la primera cuota de la reparación civil a pagarse», sostuvo Ramírez.
EFE también reportó que la firma de dicho acuerdo abre un nuevo capítulo en las investigaciones de la Operación Lava Jato, ya que aportará «valiosas informaciones» sobre los presuntos sobornos pagados por Odebrecht a funcionarios peruanos entre 2005 y 2014 para adjudicarse cuatro proyectos de infraestructura durante los Gobiernos de cuatro expresidentes de ese país, además de la líder de la oposición Keiko Fujimori.
La empresa dijo que seguirá buscando entendimientos de esta misma naturaleza con otros países en donde actúa, con el fin de tener más seguridad jurídica para su operación y por el compromiso en apoyar investigaciones y actuar como un agente de transformación, decisión en línea con una profunda reestructuración realizada en su gobernanza e implementación de un riguroso sistema de conformidad global.
