Por: Ricardo José Arango, gerente general de Afinia
Entender el reto de la energía eléctrica en el Caribe exige mirar el mapa completo. La discusión sobre la sobretasa al kilovatio hora no puede reducirse a un debate sobre la eficiencia de las empresas ni a una disputa entre operadores, o de insolvencia de alguna de ellas. Lo que está en juego es algo mucho más profundo: la posibilidad real de que una región donde habitan más de 16 millones de personas enfrente riesgos críticos en la prestación del servicio, con consecuencias para todo el país y, al mismo tiempo, la oportunidad histórica de consolidar al Caribe como motor del crecimiento nacional.
Desde Afinia y el Grupo EPM hemos planteado propuestas para garantizar la sostenibilidad del servicio en la Costa Atlántica y presentamos observaciones a la sobretasa por una razón básica de equidad y realidad: los problemas del Caribe no pueden tratarse como un caso aislado ni limitarse a empresas intervenidas. Se trata de una situación regional con impactos nacionales. Incluso el propio diagnóstico del Gobierno reconoce que el desafío es sistémico; por tanto, la respuesta también debe ser integral.
La sobretasa temporal y de alcance nacional tiene un mérito indiscutible: pone el tema en el centro del debate y reconoce que el Caribe enfrenta brechas históricas e inequidades estructurales que impiden tratarlo igual que a otras regiones. Envía un mensaje claro de corresponsabilidad país. Sin embargo, tal como está planteada, la medida resulta insuficiente en valor y alcance. Ocho pesos por kilovatio hora, aplicados a estratos 4, 5, 6 y a los sectores comercial e industrial, podrían recaudar alrededor de 235 mil millones de pesos, una cifra que no resuelve un problema estructural que afecta a los siete departamentos de la región. Cuando el diagnóstico es profundo, las soluciones parciales terminan siendo paños de agua tibia.
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La discusión de fondo va más allá del número. El Caribe enfrenta condiciones sociales, económicas y ambientales que inciden directamente en la sostenibilidad del servicio: mayores niveles de pobreza, informalidad y desempleo, alta ruralidad, menores ingresos per cápita y condiciones climáticas exigentes. No es una excusa; es un dato de realidad que debe incorporarse en la política pública.
Además, no habrá transición energética sin redes capaces de recibir nueva generación renovable. La red es la columna vertebral del futuro energético y de la competitividad regional, y fortalecerla exige inversión sostenida y estabilidad financiera.
Por eso insistimos en que cualquier solución debe incluir a todos los operadores del Caribe. No es un interés particular, es una necesidad sistémica. Lo que ocurra en el Caribe impacta la transición energética, la competitividad y la confianza del país. La sobretasa puede ser el inicio de una conversación más amplia, pero esa conversación debe conducir a una solución estructural. Apostar por el Caribe no es un favor: es una decisión estratégica para Colombia.
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