El Ministerio de Ambiente continúa insistiendo en dejar en firme las directrices ambientales para la Sabana de Bogotá, que fueron suspendidas y siguen en debate.
Por ello, presentó recursos contra la decisión judicial que mantiene frenadas las medidas. La ministra encargada, Irene Vélez, explicó que la cartera ya actuó y cumplió todos los pasos necesarios para que se levante la suspensión.
Por ejemplo, señaló que ya se dio cumplimiento a lo ordenado por el Consejo de Estado, con la realización de ocho jornadas de trabajo junto al Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica (CECH).
Ese proceso concluyó con una carta de la entidad en la que se solicita poner en marcha dichas directrices, lo que, según el Gobierno Nacional, representa una luz verde.
Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió mantener la suspensión, por lo que el Ministerio interpuso recurso de apelación y activó los mecanismos legales correspondientes para que el caso sea revisado nuevamente por el alto tribunal.
Vélez sostuvo que estas directrices responden a una urgencia climática evidente, citando como ejemplo el racionamiento de agua en Bogotá entre abril de 2024 y abril de 2025, así como las inundaciones del 11 de febrero de 2026, que dejaron al menos 41 emergencias en la capital, especialmente en Usaquén.
Según la ministra, el instrumento desarrolla el artículo 61 de la Ley 99 de 1993 y representa una deuda histórica de más de 30 años en materia de ordenamiento hídrico en la Sabana. Además, aseguró que su formulación se construyó mediante un proceso participativo amplio, con más de 150 mesas técnicas durante más de un año, en las que participaron autoridades locales, ambientales y representantes de la sociedad civil.
Pero el freno también ha estado desde el Gobierno distrital, que desde la expedición de las directrices manifestó su inconformidad.
Choque por cambios en ordenamiento de la Sabana de Bogotá
Entre sus principales reparos señaló la falta de concertación y la posible interferencia con proyectos de vivienda e infraestructura. El proceso de formulación de los lineamientos ha generado controversia entre el Gobierno Nacional y las autoridades locales. Mientras el Ejecutivo defiende la iniciativa como una herramienta para controlar el crecimiento urbano, la Alcaldía de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y otros actores han expresado preocupación por sus efectos sobre proyectos estratégicos y el desarrollo económico regional.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha señalado la falta de concertación con el Distrito como uno de los principales problemas del proceso. Según ha advertido, la ambigüedad en temas como la delimitación de humedales podría afectar a 138 barrios y poner en riesgo obras clave para la movilidad y la conectividad de la ciudad, como las líneas 1 y 2 del Metro, la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO), el intercambiador de la Calle 80, la ampliación de la Calle 63 hacia el Aeropuerto El Dorado y la Avenida Ciudad de Cali, entre otras.
Ante estas tensiones, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó reiniciar el proceso de formulación de los lineamientos, lo que dio paso al reciente encuentro entre el Ministerio de Ambiente, el Distrito y la Gobernación.
El gobernador Jorge Rey también manifestó su oposición, advirtiendo que la propuesta impone restricciones que afectarían sectores productivos en 24 de los 40 municipios de la Sabana. Identificó tres aspectos críticos:
- Modelo de ocupación restrictivo: la norma plantea que toda la Sabana sea considerada suelo de protección ambiental o agrícola, limitando el desarrollo urbanístico a las áreas ya establecidas.
- Nuevos requisitos para infraestructura: exigiría diagnósticos ambientales alternativos para proyectos viales, mineros y urbanos, lo que aumentaría los costos y tiempos de licenciamiento.
- Términos ambiguos: expresiones como “evite aprobar” o “evite utilizar” generarían incertidumbre en la aplicación de la normativa.
Gobierno insiste en que cumplió y pide revisión del Consejo de Estado
El Ministerio recordó que en marzo de 2025 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió el acto administrativo y que el Consejo de Estado precisó en junio de ese año que la medida buscaba garantizar una discusión institucional amplia.
En cumplimiento de esa orden, se realizaron las sesiones con el CECH y sus actas fueron remitidas al tribunal. Posteriormente, el propio consejo solicitó en diciembre de 2025 levantar la medida cautelar, al considerar que se había alcanzado un consenso sobre la necesidad de ordenar el territorio en torno al agua.
Pese a ello, el pasado 12 de febrero de 2026 la magistrada del tribunal decidió mantener la suspensión. Frente a esto, Vélez afirmó que el Gobierno no renunciará a esta “lucha histórica” y llamó a la ciudadanía a respaldar el levantamiento de la medida.
“La Sabana de Bogotá es un ecosistema vivo de humedales, aguas subterráneas y ríos que debemos conservar frente a cualquier modelo depredador que busque quebrantar nuestra seguridad hídrica”, concluyó.
