La Fiscalía General de la Nación anunció que presentará solicitud de audiencia de imputación en contra del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga; su hijo, David Zuluaga y la exministra de Transporte, Cecilia Álvarez.
Asimismo, fue archivada una investigación que se seguía en contra de la exministra de Educación, Gina Parody, por atipicidad de las conductas por las que fue denunciada.
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#ATENCIÓN | Fiscalía imputará al excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, a su gerente de campaña David Zuluaga Martínez y a la exministra Cecilia Álvarez por ‘caso Odebrecht’. pic.twitter.com/HK8jEoSJYr
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) June 13, 2023
Financiación de campaña con dineros del extranjero
La Fiscalía dijo que, en 2014, el entonces candidato a la Presidencia de la República, Óscar Iván Zuluaga, se habría reunido en varias oportunidades, en su apartamento del norte de Bogotá, con el exdirectivo de Odebrecht en Colombia, Eleuberto Antonio Martorelli. En los encuentros, al parecer, se pactó un aporte de la multinacional brasileña para pagar parte de los servicios que el publicista José Eduardo Cavalcanti de Mendoça, conocido como ‘Duda’ Mendoça, prestaba a la campaña.
En atención a lo acordado, entre junio y julio de 2014, Odebrecht giró US$1,61 millones a las cuentas de una empresa que el reconocido publicista tenía en Panamá. De esta manera, el aspirante presidencial, presuntamente, terminó de cubrir los honorarios de ‘Duda’ Mendoça.
Con esta actuación se habría vulnerado el artículo 109 de la Constitución Política de Colombia, el cual prohíbe a los partidos políticos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos recibir financiación de personas naturales o jurídicas extranjeras para campañas electorales.
Las evidencias dan cuenta de que Óscar Iván Zuluaga tenía conocimiento del aporte ilícito y presentó una contabilidad con tal omisión ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), a fin de obtener una reposición de votos por más de $25.000 millones, como en efecto ocurrió, destacó la Fiscalía.
Además, la Fiscalía estableció que el candidato y su gerente de campaña, en las declaraciones rendidas ante el CNE, ocultaron información sobre la colaboración económica de Odebrecht. Así indujeron a error a la autoridad electoral que cerró una investigación que adelantada sobre el particular.
Por estos hechos, un fiscal del Grupo de Tareas Especiales imputará a Óscar Iván Zuluaga Escobar los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particular; y a David Zuluaga Martínez el delito de fraude procesal.
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Posible favorecimiento indebido a Odebrecht y a terminal fluvial sobre el río Magdalena
Por su parte, Cecilia Álvarez, en su condición de ministra de Transporte entre septiembre de 2012 y agosto de 2014, es señalada de avalar la celebración de los otrosíes 3 y 6 al contrato ‘Ruta del Sol II’, los cuales adicionaron al proyecto vial la construcción del tramo Ocaña (Norte de Santander) – Gamarra (Cesar).
Para cumplir varias cláusulas contenidas en los otrosíes y garantizar más fuentes de financiación a la concesionaria, de la que hacía parte Odebrecht, la entonces ministra emitió una resolución el 22 de julio de 2014, que permitió a la concesionaria ‘Ruta del Sol’ instalar dos nuevas estaciones de peaje y subir el cobro en otras cinco que estaban en funcionamiento.
Los elementos de prueba indican que las adiciones y las demás actuaciones se hicieron sin estudios técnicos que las sustentaran, y sin autorización previa del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) y del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), como lo exige la ley.
Adicionalmente, está acreditado que el tramo Ocaña – Gamarra no tendría relación alguna con el objeto principal del contrato ‘Ruta del Sol II’ y debía tramitarse a través de un nuevo proceso de contratación por licitación pública.
Por todo lo anterior, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputará a la exministra Álvarez el delito de interés indebido en la celebración de contratos. La diligencia se realizará ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, con función de control de garantías.
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