En medio de la suspensión de las sesiones legislativas programadas este lunes, nueve partidos políticos también instaron en una misiva enviada al procurador general a que se den las garantías electorales. Esto, al tiempo que desconocieron la protección que está brindando el Gobierno al respecto.
“A partir de este momento no reconocemos garantías en el gobierno, ni reconocemos al señor ministro del Interior para que presida esa comisión. Vamos a acudir al procurador general para que active la Comisión Nacional de Vigilancia y Control Electoral, donde sí acudiremos y donde el ministro no actuará como presidente, sino como sujeto”, se lee en el documento.
Es importante mencionar que la carta estuvo liderada por el Centro Democrático, el Partido Conservador, Cambio Radical, Partido Liberal, MIRA, la U, ASI, y Colombia Justa y Libre.
“Ante la falta de garantías y los evidentes sesgos del gobierno contra la oposición, acudiremos a instancias internacionales que nos brinden las condiciones de equidad que el gobierno nacional nos niega. Asimismo, instamos al Procurador General de la Nación a activar y liderar la Comisión Nacional de Vigilancia y Control Electoral para garantizar la transparencia y seguridad que los partidos de oposición e independientes exigimos frente a la hostilidad del Ejecutivo”, manifestaron.
Reiteraron que “Colombia atraviesa momentos que rememoran los capítulos más oscuros de nuestra historia reciente y que el miedo, la incertidumbre, la polarización y el avance descontrolado de la criminalidad han secuestrado la vida nacional, generando inseguridad en todos los ámbitos de nuestra sociedad”.
“Lejos de mitigar esta crisis, el gobierno del presidente Gustavo Petro parece empeñado en agravarla. Su persistencia en exacerbar la polarización, fomentar el enfrentamiento, desconocer la institucionalidad, señalar a opositores y descalificar a quienes disienten profundiza la fractura social y política que nos consume”, relataron.
Los partidos políticos también dijeron que hoy, ningún ciudadano ni actor político está exento de la vulnerabilidad que impone el auge desenfrenado de la criminalidad y que “el presidente Petro, ajeno a esta realidad, insiste en una radicalización que nos ha llevado al borde del abismo. Su gestión, en lugar de promover consensos, se aferra a la confrontación, ignorando el clamor de un país que exige un liderazgo responsable y soluciones efectivas”.
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“Exigimos al gobierno nacional mesura, respeto absoluto por la institucionalidad y el cese inmediato de maniobras destinadas a eludir las normas para satisfacer intereses políticos y electorales. Las instituciones de Colombia —la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, el poder electoral y los medios de comunicación- no son instrumentos al servicio de agendas particulares”, finalizaron.
