Durante el Consejo de Ministros el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó adelantar acciones jurídicas contra el registrador nacional, Hernán Penagos.
La decisión se da luego de considerar que la decisión del funcionario de consultar a las altas cortes sobre la legalidad del decreto que convoca la consulta popular constituye un acto de desobediencia institucional.
“El decreto goza de presunción de legalidad. El registrador no tenía ningún derecho a decir lo que dijo, está en una situación de sedición contra el presidente de la República y quiero las acciones jurídicas, eso no se hace. Todo funcionario cumple el decreto y la ley”, declaró el jefe de Estado frente a su gabinete ministerial.
La polémica se desató luego de que Penagos solicitara concepto a la Corte Constitucional y al Consejo de Estado, previo a avanzar con la logística de la consulta popular promovida por el Gobierno Nacional y prevista para el 7 de agosto del presente año.
Consulta popular, pieza clave para la reforma laboral
Petro defendió el rol que la consulta popular ha tenido en el avance de la reforma laboral, al asegurar que fue la presión ciudadana generada por esta convocatoria la que permitió mantener viva la iniciativa en el Congreso.
“Lo que ha salvado la reforma laboral es que decidimos hacer una consulta. Si no, estamos enterrados hace tiempos. La decisión de hacer una consulta es lo que mantiene viva la reforma y al pueblo en las calles respaldándonos”, afirmó.
En este contexto, el presidente condicionó la derogatoria del decreto de consulta a que se apruebe la reforma laboral en los términos del consenso alcanzado con la Cámara de Representantes.
“Lo sucedido entonces con la reforma laboral es que se vuelve ley de la República con mi firma, si la Cámara aprueba el texto del Senado. Está en manos de Efraín Cepeda. Debe asegurar que haya conciliación”, agregó.
Reforma pensional: fallo de la Corte abre nuevo capítulo
En el mismo espacio, Petro también celebró el reciente fallo de la Corte Constitucional que devolvió la reforma pensional a la Cámara de Representantes para subsanar un vicio de procedimiento, dándole así una nueva oportunidad al proyecto.
“Sale bien librada la reforma pensional. Está a punto de ser ley vigente. Pues ya es ley, pero determinó la mayoría de la Corte Constitucional que tiene un vicio de formalidad subsanable”, explicó.
El presidente reiteró su llamado a que la Cámara apruebe la proposición presentada por la representante María del Mar Pizarro y sostuvo que la corporación tiene un plazo de 30 días hábiles para repetir el debate, con posibilidad de sesiones extraordinarias.
