El 2 de julio, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en La Guajira. Y, con esta decisión, apunta, entre otros, a una promesa que hizo desde el departamento: implementar, mediante decreto con fuerza de ley, la reforma a la salud en La Guajira que se hundió en el Congreso.
Durante siete días, el presidente Petro tomó la decisión de trasladar todo el gobierno a La Guajira. Esto, para tomar decisiones frente al Estado de Cosas Inconstitucional en el departamento. Este fue declarado por la Corte Constitucional en 2017, apuntando a mejorar las condiciones allí.
Sin embargo, según argumentó Petro, este no se ha logrado solucionar después de seis años. Y uno de los puntos críticos es el del sector de la salud.
Reforma a la salud en La Guajira
Petro, ataviado con un sombrero guajiro y una maleta wayúu, dijo que “hay una reforma a la salud que haremos con decretos de emergencia”.
Se refería a la reforma que fue presentada por la ahora exministra de Salud Carolina Corcho. Luego de meses de polémicas, la propuesta no logró surtir el trámite en el Congreso. Y no solo eso, sino que puso a pender de un hilo la coalición que armó Petro en el legislativo.
Sobre la implementación de la reforma a la salud en La Guajira mediante decretos de ley, Petro aseguró que se buscará “configurar en el territorio distritos de salud para 800.000 familias”.
La promesa que hizo es que equipos de salud visiten “casa por casa cada ranchería, cada barrio, cada punto veredal de La Guajira, llevando vacunas y estableciendo las condiciones de la salud”.
Y de nuevo insistió: “el proyecto de ley que presentamos (al Congreso) lo vamos a aplicar de una vez en La Guajira”.
Tal aplicación incluye que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) haga giros directos a los hospitales guajiros. Este era uno de los pilares claves de la reforma a la salud, puesto que acabaría, de forma práctica, con la intermediación de las EPS.
También señaló que ya el Ministerio de Salud, ahora en cabeza de Guillermo Alfonso Jaramillo, tiene un plan de inversión para la red hospitalaria. Y apuntó que se debe atender la falta de personal de la salud para atender a los habitantes de La Guajira.
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Qué dice el decreto de la emergencia
La propuesta de implementar la reforma a la salud en La Guajira, sin que esta surta su trámite en el Congreso, fue aterrizada en el decreto 1085 de 2023, con el que se declaró la emergencia.
Sobre la disponibilidad de médicos, advierte que mientras que hay una densidad promedio de 1,26 profesionales en medicina por cada 1.000 habitantes en La Guajira, el promedio nacional es de 2,5 cada 1.000 habitantes. Para profesionales en enfermería es de 0,86 profesionales cada 1.000 habitantes frente al promedio nacional de 1,6 cada 1.000 habitantes.
Además, indica que “los actores del sistema general de seguridad social en salud que operan en el departamento La Guajira no desarrollan un modelo de salud propio e intercultural”. Y, por tanto, hay una “oferta de servicios fragmentada, segmentada, insuficiente e inequitativa entre los ámbitos rural y urbano”.
Ante esto, el decreto plantea una reorganización del funcionamiento del sistema, dándole piso legal a la propuesta de Petro de implementar la reforma a la salud en La Guajira. La meta es que haya un “modelo de salud propio e intercultural construido en acuerdo con las Autoridades Tradicionales Indígenas del pueblo Wayuu”.
Además, señala que se establecerá un “mecanismo administrativo y financiero en el que se dispongan los recursos excepcionales necesarios”. Y se permitirá la “intervención directa que garantice la adquisición y/o suministro de bienes, servicios e infraestructura en salud”.
Como sucederá con todas las decisiones que se tomen en el marco de la emergencia económica, la Corte Constitucional podrá estudiar la implementación de la reforma en La Guajira y, eventualmente, tumbarla o permitir que se continúe con su implementación.
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