La reformulación del proyecto de Presupuesto General de la Nación por parte del gobierno De la Espriella para 2027, tras la devolución del articulado que dejó la administración pasada, sacudió los balances fiscales y macroeconómicos del país.
El ejercicio, calificado como un acto de «sinceramiento» por el Ministerio de Hacienda, reveló que la situación real de las cuentas del Estado es más preocupante de lo que el gobierno de Gustavo Petro había reportado originalmente.
El próximo año podría ser la primera vez en la historia que un propuesto supera la barrera de los $600 billones, de acuerdo con el Banco Popular, pues los cálculos del Ejecutivo estiman que se necesitarán $634,9 billones (29,9 % del PIB) para cubrir las obligaciones del Estado, apenas un mes después de que se radicara una versión por $575,7 billones (27 % del PIB).
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El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, ha insistido en que este incremento, lejos de representar un gasto nuevo generalizado, corresponde al afloramiento de obligaciones preexistentes que habían sido omitidas por el gobierno anterior (en medio de sus esfuerzos por presentar un escenario fiscal artificialmente optimista) y a un aumento importante en el costo del servicio de la deuda.
La trampa de la deuda a corto plazo
Para el centro de pensamiento ANIF, el servicio de la deuda es, sin duda, el componente más alarmante de la nueva propuesta presupuestal. Este rubro experimentó un salto del 31,7 %, pasando de $118 billones a $155,4 billones (un incremento neto de $37,4 billones).
Lo grave para el Banco Popular es que este repunte se produce aun cuando la nueva administración corrigió a la baja la proyección del tipo de cambio, situándola en $3.400 por dólar frente a los $3.757 de la propuesta anterior.
La explicación de este alto costo financiero radica en el manejo de la deuda de corto plazo por parte del gobierno saliente. De acuerdo con la entidad, para cubrir necesidades de caja inmediatas, la administración Petro abusó de la emisión de Títulos de Corto Plazo (TCO), usándolos de manera indebida para financiar gastos estructurales de largo plazo.
El saldo de estos instrumentos se disparó de $8,9 billones en julio de 2025 a $51 billones en julio de 2026. Al vencerse estos títulos, la nueva administración se enfrenta a presiones de amortización asfixiantes, según el análisis del Banco Popular.
Así, dentro del incremento del servicio de la deuda, ANIF destacó que el 82 % corresponde a mayores amortizaciones (pago de principal), las cuales pasaron de $27,6 billones a $58,3 billones (+$30,7 billones), obligando al Gobierno a buscar refinanciación (roll-over ) de la totalidad de las amortizaciones vigentes.
Por el lado de los ingresos, el panorama es igual de desafiante, según el centro de pensamiento, pues estos se redujeron en $10,7 billones en comparación con el borrador de julio, situándose en $315,1 billones.
Esta reducción se explica principalmente porque la reformulación del presupuesto excluyó $30,2 billones de ingresos tributarios contingentes que dependían de un proyecto de ley de financiamiento (reforma tributaria) presentado por el anterior ministro Germán Ávila.
Necesidades de financiamiento se duplicaron
Al caerse los ingresos tributarios esperados y dispararse los gastos obligatorios de funcionamiento y deuda, el déficit primario (ingresos menos gastos sin contar intereses) se deterioró, pasando de una estimación de -0,5 % a un -4,5 % del PIB.
Como consecuencia directa, las necesidades totales de financiamiento del Gobierno Nacional Central para 2027 prácticamente se duplicaron, escalando de los $130 billones contemplados originalmente a $266 billones (un incremento de $135 billones). Para cubrir este abismo fiscal, el Gobierno deberá recurrir a un nivel masivo de endeudamiento.
Así, ANIF destaca que se proyecta una emisión de $238,6 billones ($150,9 billones en el mercado interno y $87,7 billones en fuentes externas), cifra que supera los $125,6 billones de la propuesta anterior ($92 billones interna y $33,6 billones externa). Esta diferencia de endeudamiento adicional equivale a un 5,3 % del PIB proyectado para 2027.
Con esta masiva emisión, la deuda neta de Colombia se trepará del 58,9 % del PIB (estimado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2026) a un preocupante 66,2 % del PIB en 2027, quedando a estrecho margen del límite técnico del 71 % establecido por la Regla Fiscal del país.
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