La semana pasada el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá decidió anular el contrato de la Ruta del Sol 2 por ilícito.
También ordenó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) realizar el pago de $211.273 millones a la concesionaria que encabeza la firma Odebrecht y a los terceros de buena fe, entre ellos los bancos.
El Gobierno Nacional, encabezado por el Ministerio de Transporte, estaba buscando un acuerdo con los terceros de buena fe para pagarles $1,2 billones. Se estimaba que las deudas totales a los terceros de buena fe podían ser de poco más de $2,5 billones.
[content_control]
Luego de este fallo, una parte del sector empresarial colombiano ha mostrado su preocupación por que, según su concepto, la determinación del Tribunal puede afectar la confianza de los inversionistas en el país.
Al respecto, Valora Analitik conoció de parte de una alta fuente del Gobierno que ya hay tres bancos que hacían parte del grupo de terceros de buena fe que han decidido no volver a invertir en proyectos de infraestructura.
“Hay una preocupación de cómo va a actuar el sistema de ahora en adelante. Ya hay tres bancos que dijeron que no iban a volver a poner un peso para las vías del país”, dijo la fuente.
Como se sabe, los bancos que hacen parte del grupo de terceros de buena fe en el caso Ruta del Sol II son: Itaú, Bancolombia, Davivienda, Banco de Occidente, Banco Popular, Banco de Bogotá y Banco AV Villas (estos últimos cuatro son del Grupo Aval). La fuente se negó a dar los nombres de los bancos que tomaron tal decisión.
De otro lado, al interior del Gobierno la posición es dividida. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, celebró la decisión del Tribunal y dijo que era positivo para la Nación, mientras que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, afirmó que hay que revisar las cifras y los números.
“Toca mirar detalladamente el fallo y los números, a mí me preocupa de cierta manera que se haya proferido una decisión con unos números tan distintos a los estimativos previos que se tenían con base en tres peritajes”, dijo el ministro Carrasquilla.
Por otra parte, Asobancaria considera que la decisión del Tribunal puede afectar la confianza de la banca nacional e internacional hacia Colombia.
“A pesar de que en el referido laudo el Tribunal manifiesta que reconoce los derechos de los terceros de buena fe, como son los trabajadores, proveedores y financiadores, por los particulares efectos de la decisión tomada se extiende un manto de incertidumbre que afectará el apetito futuro de nuestros agremiados y de la banca internacional en los proyectos de infraestructura, vitales para el crecimiento y la competitividad del país”, dijo el gremio.
En el fallo del Tribunal de Arbitramento se detalló que los bancos están en el último lugar para el pago de las deudas porque primero se deberán cancelar las acreencias tributarias, seguidas de las laborales, de proveedores, y, finalmente, las de los bancos.
–[/content_control][login_widget]
