Presencia de líderes criminales en acto público de Petro en Medellín genera rechazo institucional y empresarial

Organizaciones están preocupadas por la participación de personas privadas de la libertad en un evento del presidente Gustavo Petro en Medellín.

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Diversas organizaciones expresaron su preocupación por la participación de personas privadas de la libertad en un evento liderado por el Gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro, el pasado sábado 21 de junio de 2025, en la plaza La Alpujarra, en Medellín.

Durante la jornada, se ubicó en la primera fila a varios cabecillas de estructuras criminales actualmente recluidos en la cárcel de Itagüí. La situación generó reacciones de rechazo por parte de sectores institucionales y empresariales.

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) manifestó su desacuerdo con el traslado de personas detenidas para asistir a actos públicos, señalando que este tipo de acciones puede afectar la moral de las fuerzas de seguridad, socavar la labor de investigación contra el crimen organizado y aumentar los niveles de polarización política.

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La organización también expresó respaldo al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y solicitó garantías para su seguridad, así como respeto por las autoridades territoriales.

En la misma línea, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y su seccional en Antioquia manifestaron su inquietud frente a la participación de individuos condenados por delitos graves en actos públicos. Según la entidad, estas decisiones pueden afectar la confianza en las instituciones y enviar señales confusas respecto al cumplimiento de la ley.

Las organizaciones hicieron un llamado a que las decisiones del Estado se enmarquen dentro del respeto a la justicia, la legalidad y los principios democráticos.

Proantioquia, por su parte, reafirmó su respaldo a las autoridades locales, incluido el gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, y el alcalde Gutiérrez, destacando la importancia de la unidad institucional frente a situaciones que, en su opinión, buscan debilitar el orden democrático.

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Tanto las organizaciones gremiales como las asociaciones de ciudades capitales coincidieron en solicitar al Gobierno Nacional mayor claridad en sus acciones y compromiso con la defensa del Estado de Derecho.