La Corte Constitucional ya tendría sobre la mesa una solicitud que podría frenar, al menos de manera temporal, uno de los decretos más sensibles del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
El expediente quedó en manos del magistrado Carlos Camargo, quien actúa como ponente del caso. Según el registro interno, la solicitud fue elevada por el presidente del tribunal, Jorge Enrique Ibañez, de acuerdo con información revelada por Blu Radio.
Ibáñez se ha convertido en un muro de contención frente a varias de las decisiones del Ejecutivo. La solicitud es que se suspenda el decreto mientras se adelanta el estudio de fondo. Los argumentos apuntan a que la emergencia económica decretada por el Gobierno no cumpliría los requisitos constitucionales, al no estar basada en hechos sobrevinientes ni excepcionales.
Por el contrario, sostienen que se trata de problemas estructurales, previsibles y derivados de decisiones de política fiscal, lo que impediría acudir a esta figura excepcional.
Algunos conceptos van más allá y solicitan que el decreto sea declarado inexequible, lo que significaría su caída definitiva.
El proceso aún no está completo. Falta que la Procuraduría General de la Nación remita su concepto, una pieza clave para que la Corte pueda tomar una decisión de fondo. Días atrás, el propio Ibáñez anticipó que, a más tardar el viernes 23 de enero, el país conocerá si se suspenden o no los efectos del decreto, mientras que el fallo definitivo sobre su constitucionalidad se adoptaría a finales de febrero.
En paralelo, la Corte avanzó en el reparto de los decretos expedidos bajo la emergencia. La semana pasada, en Sala Plena y con la participación de casi todos los magistrados, se asignaron dos expedientes clave: el decreto que declaró el estado de emergencia quedó en manos de Carlos Camargo, y el que estableció los nuevos impuestos fue asignado al magistrado Juan Carlos Cortés. Ambos procesos, explicó Ibáñez, deben tramitarse de manera simultánea.
