La cadena de restaurantes Presto, operada por Franquicias y Concesiones S.A.S., tendrá una oportunidad para encontrar un comprador que permita mantener el negocio en funcionamiento, pese al proceso de liquidación judicial que enfrenta la compañía.

La Superintendencia de Sociedades autorizó la suspensión temporal de algunos efectos de la liquidación, con el propósito de garantizar la continuidad de las operaciones mientras se adelantan las gestiones para vender la empresa como una unidad económica productiva.

La decisión, adoptada mediante un auto del 19 de octubre de 2026, permite que Presto continúe desarrollando su actividad comercial durante un plazo de hasta 20 días hábiles.

En este sentido podrá mantener temporalmente sus operaciones para preservar el valor del negocio y facilitar su eventual venta.

El proceso de liquidación de Franquicias y Concesiones fue ordenado el pasado 13 de octubre, cuando la Superintendencia de Sociedades decretó la terminación de su acuerdo de reorganización empresarial.

Sin embargo, la liquidadora de la compañía, Mónica Alexandra Macías Sánchez, solicitó adoptar medidas especiales para evitar el cierre de los establecimientos y conservar los activos que podrían resultar atractivos para un potencial inversionista.

La solicitud busca que Presto sea vendido como empresa en marcha, una alternativa que permitiría transferir un negocio operativo en lugar de proceder únicamente a la venta individual de sus activos.

Los detalles de la operación actual de Presto

De acuerdo con el informe presentado por la liquidadora, Presto mantiene 86 puntos de venta abiertos, sujetos a verificación, distribuidos en una operación que tiene presencia en 29 ciudades del país.

La compañía también cuenta con una planta de procesados y un centro de logística en Bogotá, instalaciones que respaldan el funcionamiento de la cadena.

En materia laboral, el reporte inicial de la liquidadora señala que la empresa cuenta con 599 trabajadores, aunque la base detallada de personal registra 588 empleados, de los cuales 429 trabajan directamente en los restaurantes abiertos.

La continuidad de estos empleos es uno de los factores que sustentan la solicitud presentada ante la Superintendencia de Sociedades, especialmente porque 92 trabajadores tienen condiciones de estabilidad laboral reforzada.

En cuanto a su situación financiera, Franquicias y Concesiones registra pasivos por $45.259,9 millones, según las cifras contables preliminares aportadas al proceso.

De ese total, $25.392,2 millones corresponden a obligaciones tributarias, equivalentes al 56,1 % de las deudas. La mayor parte de estos compromisos está relacionada con el impuesto nacional al consumo y sus intereses, que suman $25.220,4 millones.

A su vez, las obligaciones con proveedores de mercancías ascienden a $9.331,1 millones, mientras que las cuentas con otros acreedores, incluidos arrendadores y prestadores de servicios, alcanzan $7.177 millones.

La compañía también registra compromisos laborales por $2.919 millones y obligaciones de seguridad social por $440,7 millones.

Las cifras todavía están sujetas a verificación y al procedimiento de calificación y graduación de créditos.

En cuanto al desempeño de los restaurantes, los 86 establecimientos abiertos reportaron un Ebitda acumulado de $2.902 millones entre enero y septiembre de 2026. Sin embargo, durante septiembre registraron un resultado negativo de $154,7 millones.

La información financiera también evidencia diferencias importantes entre los establecimientos. De los 86 puntos abiertos, 44 registraron Ebitda positivo en los primeros nueve meses del año, mientras que los otros 42 presentaron resultados negativos.

La liquidadora considera que esta situación permitiría estructurar una operación más pequeña, concentrada en los restaurantes rentables, para hacerla atractiva a un potencial comprador.

¿Cómo se busca vender Presto y qué autorizó la SuperSociedades?

La solicitud presentada por Mónica Macías plantea que la venta de Presto como empresa en marcha podría generar mayores recursos para los acreedores que una liquidación mediante la venta individual de los bienes.

Según el documento, los activos tangibles realizables de la compañía, entre efectivo, inventarios y propiedad, planta y equipo, suman aproximadamente $3.452,5 millones, una cifra considerablemente inferior a los pasivos registrados.

No obstante, el negocio también cuenta con activos intangibles que podrían resultar relevantes en una eventual negociación, entre ellos 29 registros marcarios asociados a Presto, Wimpy y otras marcas, cuyo valor todavía está pendiente de determinar.

Para avanzar en este proceso, la liquidadora propuso contratar un avalúo de la unidad económica productiva, cuya entrega está prevista para el 22 de octubre de 2026. La Superintendencia solicitó presentar el contrato del perito para pronunciarse sobre su contratación.

Por otra parte, la autoridad autorizó mantener las actividades comerciales indispensables para la operación, incluida la venta de productos e inventarios y el pago de nómina, seguridad social, arrendamientos, servicios públicos y proveedores necesarios.

También permitió contratar trabajadores para reemplazar a quienes han renunciado y utilizar una fiducia para administrar los recursos de la operación, bajo la obligación de presentar informes periódicos sobre su destinación.

Una de las decisiones más importantes para preservar el negocio consiste en que los arrendadores, concedentes y proveedores de los establecimientos que continúen funcionando no podrán terminar unilateralmente los contratos ni suspender suministros por causa de la apertura de la liquidación o de obligaciones anteriores al proceso.

Esta protección estará condicionada al cumplimiento de las obligaciones que se generen después de la apertura de la liquidación judicial.

La Superintendencia también autorizó el pago de pequeñas acreencias laborales, hasta un límite equivalente al 5 % del pasivo externo relacionado, dando prioridad a los trabajadores que devenguen menos de dos salarios mínimos.