El Consejo de Estado decidió suspender de manera provisional el Decreto 1485 de 2025, que era la encargada de modificar cómo se calculaba el deslizamiento del salario mínimo para las pensiones de los fondos privados.
El año pasado, el Gobierno Nacional había expedido el Decreto 1485 para cambiar la fórmula con la que se cubría el aumento cuando el salario mínimo subía por encima de la inflación (lo que se conoce como deslizamiento).
Según advertían asociaciones como Asofondos, Fasecolda y empresas aseguradoras, este cambio reducía drásticamente la plata que ponía el Estado y traspasaba una pesada carga económica a los bolsillos de los trabajadores y a las aseguradoras. En la práctica, esto hacía que reunir el dinero necesario para lograr una pensión mínima fuera mucho más difícil y costoso, dejando a miles de personas con mayores trabas para jubilarse.
Recibe nuestro boletín en tu correo
Aunque el Consejo de Estado señaló que los debates profundos sobre si el decreto afectaba o no los derechos de los pensionados deberán resolverse en la sentencia final, encontró un error de procedimiento por parte del Ministerio de Hacienda y del Ministerio del Trabajo.
El tribunal descubrió que el Gobierno se saltó un paso obligatorio por ley: no consultó a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a través del trámite de «abogacía de la competencia».
El Ministerio de Hacienda había argumentado que no era necesario pedir este concepto porque se trataba de una norma de seguridad social y no de comercio. Sin embargo, el Consejo de Estado aclaró que, si esta altera los costos, los riesgos y las condiciones en las que compiten las empresas —en este caso, las aseguradoras—, la ley exige obligatoriamente evaluar su impacto económico y de mercado antes de firmarla. Al no hacerlo, el decreto nació con un vicio legal.
¿Qué pasa ahora?
Mientras el juicio continúa y se toma una decisión definitiva de fondo, el decreto queda sin efecto y vuelve a regir el antiguo Decreto 036 de 2015.
Las reglas del juego con las que venía operando el cálculo de las rentas vitalicias y la cobertura estatal vuelven temporalmente a la normalidad que existía antes de finalizar el año pasado.
—



