La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar contra los ministros del Gobierno del presidente Gustavo Petro que firmaron el decreto que convoca a una consulta popular.
La decisión se tomó tras la queja presentada por Alberto Boek, Cristina Plazas Michelsen y el concejal Daniel Felipe Briceño, quienes aseguran que la expedición del decreto “vulnera el principio de legalidad, desnaturaliza los límites constitucionales de la participación política y afecta la separación de poderes”. Además, advierten que compromete gravemente el uso del erario.
Con base en la queja, la entidad consideró procedente adelantar una indagación previa, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar si hay méritos para abrir una investigación disciplinaria formal.
Consulta popular se enreda por demandas
Como parte del proceso, la Procuraduría decretó varias pruebas para esclarecer los hechos y establecer posibles responsabilidades. Entre las medidas adoptadas se encuentran:
El Ministerio Público solicitó al Senado de la República un informe detallado sobre el trámite dado a la propuesta de convocatoria a consulta popular.
Esta solicitud incluye todos los soportes pertinentes, así como copia de la sentencia del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá que, según medios de comunicación, amparó los derechos fundamentales de la senadora María José Pizarro en el marco de dicho trámite.
También se requirió a la Presidencia de la República remitir copia de los estudios, análisis y demás documentos que sirvieron de sustento para la expedición del Decreto 0639 del 11 de junio de 2025, que convoca a la consulta popular.
Adicionalmente, se pidió a los ministerios involucrados certificar quiénes eran los ministros en ejercicio para la fecha del decreto y entregar los soportes correspondientes. Igualmente, deberán informar si en sus dependencias se elaboraron o recibieron conceptos, estudios o análisis sobre la viabilidad del decreto antes de su firma.
La entidad solicitó además el apoyo técnico de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales para que, a través de la consulta de fuentes abiertas, recopile conceptos y análisis mencionados en la queja o relacionados con los hechos investigados.
Por último, se pidió al Consejo de Estado y a la Corte Constitucional informar si se han radicado demandas contra el Decreto 0639. En caso afirmativo, deberán especificar el tipo de acción, su número de radicación y remitir copia del documento respectivo.
La indagación estará a cargo de la Sala Disciplinaria de Instrucción, en ejercicio de sus funciones legales y reglamentarias.
