Recortar el gasto público ha sido una tarea urgente y pendiente desde la pandemia. Durante años, el ajuste fiscal en el país solía recaer sobre la inversión, el rubro más castigado ante la supuesta rigidez de otros sectores del presupuesto. De hecho, a lo largo de la pasada administración del presidente Gustavo Petro, el Ejecutivo insistió reiteradamente en las dificultades para contener el gasto, argumentando que el margen de maniobra era casi nulo.
Sin embargo, un análisis del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana revela que el propio equipo económico de ese Gobierno desmintió esta tesis en su última acción presupuestal. El proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027, radicado antes de finalizar su mandato, demostró que sí existía espacio para aplicar un ajuste significativo y que buena parte de este podía concentrarse en el gasto de funcionamiento.
El desplome del mito de la «inflexibilidad»
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Durante el Gobierno anterior, las limitaciones legales, constitucionales y contractuales —conocidas como inflexibilidades presupuestales— se presentaron de forma persistente como un obstáculo insalvable para reducir los egresos del Estado de manera sustancial. En 2024, ante las solicitudes de diversos sectores del Congreso para recortar el gasto en vez de buscar nuevas reformas tributarias, la postura oficial del Ministerio de Hacienda era tajante: “el gasto de funcionamiento era inflexible y que no era posible hacer recortes sin afectar obligaciones como la nómina estatal, el gasto en seguridad o el funcionamiento de la Rama Judicial”.
No obstante, la radicación del proyecto de ley del PGN 2027 el 29 de julio de 2026, por el entonces ministro de Hacienda Germán Ávila, marcó un giro sin precedentes con una propuesta de gasto total de $575,7 billones. En términos reales (a precios constantes de 2026), esta propuesta implicó una reducción del gasto total de $14,7 billones en comparación con el proyecto presentado el año anterior, consolidándose como el recorte más drástico del periodo analizado.
Si se compara con el presupuesto vigente de 2026 (que ascendía a $387,9 billones tras adiciones normativas), el proyecto de 2027 planteó una reducción global de $13,5 billones. De este total, “buena parte del ajuste se concentró en funcionamiento”.
Las cifras del histórico tijeretazo al funcionamiento
El componente de funcionamiento cayó de $387,9 billones en el PGN vigente de 2026 a $367,7 billones en la propuesta para 2027. Esto equivale a un recorte de $20,2 billones (una disminución real del 5,2%).
Este riguroso ajuste en funcionamiento compensó con creces el aumento del servicio de la deuda, que subió $11,6 billones (+10,9%). En la distribución del ajuste de -2,29% del presupuesto total, el funcionamiento aportó una caída de -3,46 puntos porcentuales (pp), mientras que la inversión disminuyó en $4,9 billones (-5,2% o -0,83 pp) y la deuda sumó 1,96 pp.
A pesar de este drástico esfuerzo en el gasto, los ingresos proyectados por la Nación sin reformas tributarias (ingresos aforados) se desplomaron aún más rápido, cayendo de $562,5 billones a $545,5 billones (-$17,0 billones). Por ende, la brecha fiscal entre ingresos y gastos aforados se ensanchó hasta los $30,2 billones en 2027, lo que hubiese obligado a tramitar una nueva Ley de Financiamiento. No obstante, el principal hito del proyecto radica en que la relevancia del ajuste estuvo en el gasto y no en una mejora de los ingresos.
¿Dónde se aplicó el recorte?
Al desglosar la reducción de $20,2 billones en el funcionamiento, el Observatorio Fiscal de la Javeriana identificó que el ajuste no afectó la estructura esencial del Estado, sino partidas específicas:
- Transferencias nacionales: El rubro principal de funcionamiento se redujo en $12,8 billones (-4,4% real), pasando de $290,1 billones a $277,2 billones. Si bien obligaciones rígidas como el Sistema General de Participaciones (SGP) aumentaron en $2,5 billones y las pensiones subieron $1,3 billones, el resto de las transferencias estatales sufrieron una poda masiva de $16,8 billones.
- Adquisición de bienes y servicios: Pasó de $22,0 billones a $17,9 billones, lo que representó un severo recorte real de $4,1 billones (-18,7%).
- Gastos de personal: Disminuyeron en $3,1 billones (-4,3%).
El análisis del Observatorio aclara que “la reducción de funcionamiento no se debió a una disminución de la nómina estatal, sino a los recortes en transferencias y bienes y servicios”.
Sectores ganadores y perdedores
El tijeretazo al gasto de funcionamiento no se distribuyó de forma uniforme, evidenciando prioridades políticas claras.
Entre los sectores con las caídas más drásticas en su presupuesto general se encuentran Presidencia, con un desplome del 72,2% en términos reales, debido en gran medida a la reducción de recursos para la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En este sector, el gasto de funcionamiento pasó de $9,8 billones a $2,5 billones (-$7,3 billones).
Le siguieron los ministerios de Minas y Energía (-46,9% real), donde el funcionamiento se redujo de $3,4 a $1,6 billones (-$1,9 billones); Deporte y Recreación (-42,7%); Información Estadística (-33,1%) y Agricultura y Desarrollo Rural (-31,9%).
Por el contrario, los sectores que vieron incrementados sus recursos reales fueron TIC (+15,5%), Comercio, Industria y Turismo (+4,2%), Defensa y Policía (+4,0%), Justicia y del Derecho (+2,6%) y Empleo Público (+2,2%). En Defensa, el aumento operativo fue moderado (+0,3 billones), pero se vio fuertemente respaldado por un incremento de $2,5 billones para inversión.
Una hoja de ruta fiscal para el nuevo Gobierno
Aunque este proyecto específico no continuará su trámite legislativo debido a que el Gobierno entrante decidió devolverlo para presentar una nueva propuesta el 31 de agosto, el análisis de la Javeriana advierte que sienta un precedente histórico indispensable.
Para los investigadores del Observatorio, “el principal hallazgo no es que las inflexibilidades hayan desaparecido, sino que el proyecto mostró que era posible realizar ajustes dentro de un presupuesto que el propio Gobierno había caracterizado como altamente rígido”.
La urgencia de contener el gasto público es aún mayor tras el impacto del terremoto del 10 de agosto, evento que incrementará las presiones presupuestales debido a las necesidades de reconstrucción y reactivación económica. En este complejo escenario fiscal, la lección técnica del PGN 2027 es muy clara: “sí es posible plantear reducciones importantes en funcionamiento sin trasladar nuevamente la mayor parte del ajuste a la inversión”.
