Desde este lunes 15 de julio, todas las empresas del sector privado en Colombia deben reducir la jornada laboral semanal de 46 a 44 horas, sin que esto implique una disminución del salario ni una afectación de los derechos adquiridos por los trabajadores.
Este cambio corresponde a la segunda fase de implementación de la Ley 2101 de 2021, que establece una reducción gradual de la jornada hasta llegar a 42 horas semanales en el año 2026.
La ley establece que esta reducción debe aplicarse de manera automática, sin que sea necesario un acuerdo entre las partes. El empleador tiene la facultad de distribuir esas 44 horas de manera flexible a lo largo de la semana, siempre y cuando no se superen las 8 horas diarias o las 9 si existe un acuerdo con el trabajador.
También debe garantizarse al menos un día completo de descanso a la semana. Esta medida tiene como objetivo mejorar la calidad de vida laboral y el equilibrio entre trabajo y vida personal, alineándose con estándares internacionales sobre tiempo de trabajo.
¿Qué pasa si una empresa no cumple con la jornada reducida?
En caso de que un empleador no aplique la reducción de la jornada laboral y mantenga a sus trabajadores laborando más de 44 horas a la semana sin el correspondiente pago de horas extra, se expone a varias consecuencias legales y administrativas.
En primer lugar, los trabajadores pueden presentar denuncias formales ante el Ministerio del Trabajo, lo que dará lugar a una inspección laboral. Si la autoridad verifica el incumplimiento, la empresa puede enfrentar multas que van desde 1 hasta 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV).
Para el año 2025, esto representa sanciones que van desde aproximadamente $1,4 millones hasta más de $7.100 millones, dependiendo de la gravedad de la infracción y el número de trabajadores afectados.
Más allá de las sanciones administrativas, un trabajador también puede acudir a la justicia laboral ordinaria para interponer una demanda por el incumplimiento de la jornada legal. En esos casos, el juez puede ordenar el pago de indemnizaciones, horas extras no reconocidas y otros perjuicios derivados de la vulneración de los derechos laborales.
Incluso, si el trabajador considera que hay una afectación grave o reiterada, puede presentar una renuncia justificada bajo la figura del “despido indirecto”, lo que implica que la empresa deberá pagarle una indemnización como si lo hubiera despedido sin justa causa.
Otras obligaciones que deben tener en cuenta las empresas
La reducción de la jornada no exime a las empresas del cumplimiento de otras obligaciones recientes. Desde el 13 de julio, también entró en vigor el aumento del recargo dominical al 80 %, y se proyecta que este llegue al 100 % en el año 2027, como parte de los ajustes incluidos en la nueva reforma laboral.
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Asimismo, el recargo nocturno aplica ahora desde las 7:00 p. m. (antes comenzaba a las 9:00 p. m.), con un pago adicional del 35 %. Todos estos cambios deben ser aplicados y reflejados en la nómina, so pena de sanciones adicionales por omisión o pago incompleto.
Supervisión e inspecciones por parte del Ministerio
El Ministerio del Trabajo ha reiterado que está realizando inspecciones en todo el país para garantizar el cumplimiento de la nueva jornada laboral. Según declaraciones recientes, hay más de 1.300 inspectores activos revisando empresas, aunque se reconoce que la capacidad de cobertura todavía es limitada frente al universo de compañías.
Aun así, las autoridades han dispuesto canales digitales para que los trabajadores presenten quejas de manera sencilla. Si tras la verificación se confirma el incumplimiento, el Ministerio puede imponer sanciones, ordenar la corrección de la jornada e incluso, en casos extremos y reiterativos, proceder con la clausura temporal del establecimiento.
¿Qué deben hacer las empresas para cumplir con la ley?
Para cumplir con la normativa, las empresas deben ajustar sus contratos, reglamentos internos y turnos laborales a la nueva jornada de 44 horas semanales.
También deben asegurarse de registrar adecuadamente las horas laboradas y los recargos aplicables, tanto para evitar sanciones como para garantizar los derechos de los trabajadores. En caso de requerir horas adicionales, estas deben ser pactadas y pagadas como horas extras, según lo definido en el Código Sustantivo del Trabajo.
En conclusión, no reducir la jornada laboral semanal a 44 horas desde el 15 de julio de 2025 constituye una infracción que puede acarrear sanciones económicas severas, demandas judiciales y afectaciones reputacionales para las empresas.
Por ello, los empleadores deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que la reducción de jornada se aplique de forma correcta, transparente y respetuosa de los derechos laborales.
