Este jueves, 9 de noviembre, el fiscal general, Francisco Barbosa, anunció que siete exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín, durante el mandato de Daniel Quintero, fueron imputados.
Según el ente investigador, los exfuncionarios habrían cometido irregularidades en seis contratos celebrados desde 2020. Las anomalías en los contratos habrían significado un detrimento por $67.586 millones. “Hablamos de presuntos actos de corrupción”, dijo Barbosa.
Los contratos fueron clasificados en cuatro componentes: zonas verdes, mantenimiento del Parque de las Aguas, logística y atención a la primera infancia.
Quiénes son los exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín imputados
Jorge Enrique Liévano
Es administrador de empresas de la Fundación Universitaria María Cano y especialista en Gerencia de Mercadeo. Trabajó en empresas como Kimberly-Clark y Global Wine and Spirits, hasta su nombramiento como gerente de Metroparques, en 2020. En el cargo, le cambió la razón social a la entidad, lo que permitió que la Alcaldía de Medellín le otorgara contratos como el de mantenimiento de zonas verdes.
Justo es en ese tema en el que se dieron una de las tres imputaciones en su contra. Se trata de un contrato suscrito en octubre de 2020 con Metroparques por $5.250 millones. La Fiscalía lo imputó por delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y celebración indebida de contratos.
La otra imputación fue por tres contratos celebrados para el mantenimiento del Parque de las Aguas. Metroparques subcontrató con tres empresas creadas entre 2020 y 2021, una de ellas, dedicada a la comercialización de telas.
Y la tercera imputación se dio por la suscripción de un contrato para la realización de eventos recreativos, deportivos y de actividad física entre Metroparques y el Inder. Fue imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.
Natalia Urrego
Natalia Urrego Arias es ingeniera Sanitaria de la Universidad de Antioquia. Tiene especializaciones en Gerencia de Proyectos y en Gestión Ambiental. Es cercana al exalcalde de Itagüí, León Mario Bedoya, líder del partido Alianza Social Independiente (ASI) en Antioquia.
Estuvo involucrada en la celebración del contrato con Metroparques para el mantenimiento de las zonas verdes de Medellín. Por ello, la Fiscalía le imputó los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y celebración indebida de contratos.
Álvaro Alonso Villada
Al comienzo de la Alcaldía de Daniel Quintero fungió como subdirector administrativo y financiero del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Antes trabajó en otras entidades como la Dirección de Finanzas de la Gobernación de Antioquia.
La imputación en su contra la determinó la Fiscalía por los mencionados contratos para el mantenimiento del Parque de las Aguas, que tuvieron un valor de $17.439 millones.
María Eugenia Castañeda
Es administradora de empresas de la Fundación Universitaria María Cano y especialista en Gerencia de Mercado de Escolme Institución Universitaria. Cuando Liévano llegó a Metroparques, la nombró jefe de compras de la entidad. En 2021 ocupó la Gerencia. Además, trabajó con Liévano en Kimberly.
La Fiscalía la imputó por los contratos celebrados para el mantenimiento del Parque de las Aguas.
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Diana Paola Toro
Llegó a la dirección del Instituto de Deportes y Recreación de Medellín (Inder) el 3 de enero de 2020. Hizo parte de las selecciones Antioquia y Colombia de baloncesto. Es magíster en Motricidad y Desarrollo Humano y se formó en Alta Gerencia Deportiva con el Comité Olímpico Internacional.
La Fiscalía la imputó por el contrato para la realización de eventos entre Metroparques y el Inder. El ente investigador la acusó de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.
Alexandra Agudelo Ruíz
Es sicóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana y magíster en Educación de la Universidad de Medellín. Trabajó en entidades como el Sena antes de llegar a la Secretaría de Educación.
La imputación en su contra es en el marco de las investigaciones por el supuesto desfalco al programa de Buen Comienzo, que atiende a niños, niñas y madres gestantes o lactantes.
Se trata de un contrato con Colombia Avanza por $20.692 millones para la adquisición de paquetes alimenticios que habrían tenido sobrecostos. El detrimento patrimonial sería de $1.418 millones. La Fiscalía la imputó por peculado por apropiación.
Lin María Gil
Es trabajadora social y especialista en Gerencia Social. Durante la Alcaldía de Medellín fue la directora técnica de Buen Comienzo. La Fiscalía la imputó por el mismo delito que a Agudelo.
