La Procuraduría General de la Nación rechazó una solicitud interpuesta contra este ente y la Contraloría General en el caso por responsabilidad fiscal por Hidroituango, esta había sido interpuesta por María Eugenia Ramos, una de las 26 imputadas en la investigación, buscando que se eligiera un contralor ad hoc para el proceso. Para más información de energía haga clic aquí.
De este modo, el fallo de segunda instancia para el caso de Hidroituango por responsabilidad fiscal, incluidos los contratitas de la obra, saldría antes de que se termine este año.
Así las cosas, de confirmarse el fallo se daría responsabilidad fiscal contra los contratistas del proyecto de la Hidroeléctrica Ituango (Consorcio CCC Ituango) y a 26 de los 28 investigados, que busca resarcir con $4,3 billones los daños causados por los atrasos de la obra.
De esta manera, la decisión de la Procuraduría daría paso a que Empresas Públicas de Medellín (EPM) continúe con el proceso para encontrar un nuevo contratista.
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Vale mencionar que el contrato con los contratistas actuales se termina el 31 de diciembre de 2021 y, luego de terminar los compromisos vigentes, empezaría la licitación para uno nuevo.
Al respecto, Jorge Carrillo, gerente de EPM, manifestó que desde la compañía se estima que este escenario se dé ante antes de enero de 2022, tomando en cuenta los tiempos que toma el trámite legal y la adjudicación.
Por consiguiente, el nuevo contratista quedará encargado de la construcción de la infraestructura para la entrada en operación de las unidades tres a la ocho, tomando en cuenta que el actual dejaría lista la infraestructura para las unidades de generación uno y dos.
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Entre tanto, frente a las primeras dos unidades, se prevé que entren en operación entre julio y en noviembre de 2021; no obstante, vale resaltar que la estimaciones anunciadas -tanto por el Gobierno Nacional y la misma EPM-apuntaban al primer semestre del año que viene (hacia junio).
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