El Gobierno del presidente Gustavo Petro, a través del Ministerio de Minas y Energía, radicó ante el Congreso de la República el proyecto de ley “Regulación Justa y Democratización del Sector Energético”, una propuesta que pretende transformar de manera estructural el sistema eléctrico colombiano, reducir las tarifas de energía y avanzar hacia una transición energética justa y participativa.

La iniciativa modifica las históricas Leyes 142 y 143 de 1994, que han regido los servicios públicos domiciliarios durante más de 30 años, con el propósito de adecuarlas a las nuevas realidades sociales, ambientales y tecnológicas del país.

Dentro de los cambios más importantes está una reforma estructural a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), ya que el Ejecutivo estaría buscando “democratizar la regulación energética en Colombia”.

Una CREG más plural y representativa, según el Gobierno Petro

Como se dijo, entre los cambios más trascendentales que plantea la reforma es la transformación de la CREG, entidad responsable de fijar las tarifas y normas que rigen la prestación del servicio eléctrico y de gas en todo el país.

Actualmente, la CREG está conformada por funcionarios del Gobierno y expertos designados por el presidente de la República. Sin embargo, la nueva ley propone una composición más plural, democrática y transparente, en la que por primera vez participarán representantes de los usuarios, los trabajadores y el sector académico.

Según el artículo 21 del proyecto, la CREG se organizará como una Unidad Administrativa Especial del Ministerio de Minas y Energía, sin personería jurídica, e integrada de la siguiente manera:

El ministro de Minas y Energía, quien la presidirá.
El ministro de Hacienda y Crédito Público.
El director del Departamento Nacional de Planeación (DNP).
Cinco expertos en asuntos energéticos de dedicación exclusiva, designados por el presidente de la República.
Un experto representante de la academia, también nombrado por el presidente.
Un representante de los usuarios, elegido mediante concurso público organizado por una universidad acreditada y avalada por la Comisión Nacional del Servicio Civil.
Un representante de los sindicatos del sector energético, elegido también por concurso público convocado por al menos dos agremiaciones sindicales de amplia representación nacional.
Y el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, quien asistirá con voz, pero sin voto.

Requisitos y garantías de independencia para la nueva CREG

La que sería la nueva CREG estaría conformada con criterios de idoneidad, independencia y transparencia.

Los expertos, tanto los cinco designados por el presidente como los representantes sindical, académico y de los usuarios, no podrán ser reelegidos y tendrán la calidad de empleados públicos de período fijo de cuatro años.

Entre los requisitos establecidos destacan:

Ser colombiano en ejercicio de la ciudadanía.
Poseer título universitario y estudios de posgrado.
Contar con experiencia mínima de cinco años en cargos de dirección, investigación o docencia en temas energéticos.
En el caso del representante sindical, tener además cinco años de actividad sindical en el sector eléctrico o del gas.
El representante académico deberá acreditar investigaciones publicadas en temas energéticos o de servicios públicos y experiencia docente en universidades acreditadas de alta calidad.

El proyecto también dispone que los miembros de la CREG no podrán ocupar cargos directivos en entidades públicas o privadas del sector energético durante el año siguiente al ejercicio de su cargo, lo que busca prevenir conflictos de interés y garantizar independencia regulatoria.

Comité Consultivo Ciudadano de Participación: la voz de los usuarios

Como complemento a la nueva estructura de la CREG, el proyecto crea el Comité Consultivo Ciudadano de Participación (CCCP), una instancia permanente y consultiva que permitirá a los usuarios regulados y a las organizaciones sociales expresar sus opiniones y recomendaciones sobre los proyectos regulatorios que incidan en la prestación del servicio público de energía.

El CCCP deberá contar con mecanismos de convocatoria pública, acceso oportuno a la información y sesiones periódicas para garantizar una participación informada y efectiva.

Aunque sus recomendaciones no serán vinculantes, la CREG tendrá la obligación de responderlas de manera motivada y de rendir un informe anual al Congreso sobre la forma en que estas observaciones fueron incorporadas a las decisiones regulatorias.

Entre tanto, el Ministerio de Minas y Energía argumenta que la reforma de la CREG es esencial para romper con el carácter elitista y tecnocrático que ha predominado en la toma de decisiones del sector.

En adelante, las políticas tarifarias y regulatorias deberán reflejar no solo criterios económicos, sino también valores de solidaridad, sostenibilidad y justicia territorial.

“Una regulación justa es la base de la justicia energética”, subrayó el ministro Palma, al afirmar que el propósito del Gobierno es construir un sistema donde la energía sirva al bienestar de la gente y no al revés.

La iniciativa busca, además, reforzar la confianza ciudadana en las instituciones del sector energético, mejorar la legitimidad de las decisiones regulatorias y promover la transición hacia energías limpias con participación social.

Un nuevo paradigma regulatorio

De aprobarse esta ley, Colombia sería pionera en América Latina en incorporar representación ciudadana, sindical y académica dentro de un órgano regulador del sector energético.

No obstante, esto sigue siendo objeto de debate entre los expertos del sector, pues estos alegan que se perdería el perfil técnico que siempre ha tenido la entidad, así como su independencia.

Este cambio supone un nuevo paradigma en la gobernanza energética, al pasar de un modelo tecnocrático centralizado a uno participativo, plural y con control social efectivo.

Lea aquí el articulado completo.

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