La reforma a la salud del gobierno Petro está próxima a discutirse, en su tercer debate, en el Congreso de la República. Entre los reparos, uno de los más importantes tiene en cuenta los elevados costos fiscales que dejaría la aprobación de la iniciativa.
Un reciente análisis de ANIF explica que el nuevo modelo incrementará significativamente el gasto en salud de 5,9 % del PIB en 2026 a 7,6 % en 2036, con 96 % de recursos concentrados en gastos directos para atención primaria y servicios de alta complejidad.
Uno de los llamados fuertes de atención con la reforma a la salud es que los aportes de la Nación se duplicarán en una década: crecerán de $44 billones en 2026 a $96,2 billones en 2036.
Esto llevaría a un aumento de la dependencia fiscal del sistema del Gobierno Central, pasando de una participación del 38,6 % al 44,8 %, explica el análisis.
Otros puntos clave de la reforma a la salud
Explica ANIF que, de esta manera, las proyecciones del aval fiscal enfrentan riesgos de subestimación. “Los ingresos podrían reducirse por menor empleo formal, caída del recaudo de impuestos saludables por menor consumo, y limitaciones fiscales por la reestructuración del SGP, derivada de la Ley de Competencias”.
Adicionalmente, los gastos en atención primaria que propone la reforma a la salud, así como los de alta complejidad, podrían superar las estimaciones, demandando mayores recursos en un contexto fiscal restrictivo.
“Si bien la reforma contempla mecanismos para subsanar la situación financiera de las actuales EPS, los recursos resultarían insuficientes ante la gravedad de la situación patrimonial de las aseguradoras”, se lee en el documento.
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Adicionalmente, el informe de ANIF explica que, a julio de 2025, las EPS acumulan un patrimonio negativo de $12,4 billones, sin los registros de la Nueva EPS, que la Controlaría recientemente informó acumula 21,4 billones de pasivos a marzo de 2025, “lo que supera con creces los 6,7 billones descritos en el aval fiscal”.
