La RegistradurÃa Nacional del Estado Civil, bajo la dirección de Hernán Penagos, se pronunció sobre la legalidad del decreto con el que el presidente Gustavo Petro convocó a una consulta popular.
Según el texto expedido por la Presidencia, la jornada de votación se realizarÃa el próximo 7 de agosto, fecha en la que los colombianos deberÃan acudir a las urnas para responder 12 preguntas relacionadas con temas como la reforma laboral, actualmente en trámite en el Congreso.
El registrador nacional y su equipo jurÃdico analizaron tanto el decreto presidencial como la decisión adoptada por el Senado el pasado 14 de mayo, cuando esta corporación negó la convocatoria de la consulta popular.
En ese contexto, Penagos advirtió que la iniciativa enfrenta cuestionamientos jurÃdicos de fondo que deben ser resueltos por las altas cortes —el Consejo de Estado y la Corte Constitucional— antes de proceder con su organización.
En ese orden de ideas, dijo que es un problema jurÃdico de talla mayor y, por tanto, la RegistradurÃa solicitará concepto a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.
Asimismo, remitirá copia de la solicitud a la Agencia Nacional JurÃdica de Estado. Posteriormente, remitirá copia de la solicitud a la ProcuradurÃa. Por otro lado, el registrador Penagos confirmó que la consulta costarÃa $750.000 millones y que por eso quiere esperar el pronunciamiento de las cortes. Además, aseguró que es «materialmente imposible hacer la consulta en dos meses» como quiere el gobierno.
Cabe recordar que el registrador ya habÃa dado indicios de su postura durante las elecciones atÃpicas realizadas en el departamento de Vichada, donde mencionó que el decreto enfrenta varias demandas de inconstitucionalidad. Además, la ProcuradurÃa General de la Nación anunció la apertura de una indagación previa contra los ministros que firmaron dicho decreto.
Incluso, al despacho de Penagos llegaron múltiples solicitudes formales para que la RegistradurÃa se abstenga de organizar la jornada del 7 de agosto.
Es importante mencionar que, en ocasiones anteriores, desde el Ejecutivo se ha señalado que la función de la RegistradurÃa es exclusivamente logÃstica y no le corresponde decidir si la consulta se lleva a cabo o no.
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