El proyecto de ley que busca convocar una Asamblea Nacional Constituyente propone una revisión de la arquitectura económica e institucional del Estado, con énfasis en el rol del Banco de la República.
Por otro lado, el proyecto de ley que radicó el Gobierno también modifica la estructura de la justicia constitucional y el modelo económico consagrado en la Constitución de 1991.
Según la iniciativa, los cambios no podrían hacerse por la vía de reformas ordinarias, pues afectarían elementos estructurales de la Carta Política. Por eso, el texto plantea que sea una Asamblea Constituyente la encargada de discutir y redefinir estos pilares del sistema.
Banco de la República: autonomía y mandato en debate
Uno de los puntos centrales del proyecto es la revisión del papel del Banco de la República. El documento no propone eliminar su autonomía técnica, pero sí abrir el debate sobre su mandato constitucional, hoy centrado en la estabilidad de precios.
La exposición de motivos plantea que la política monetaria debería articularse de forma más explícita con objetivos de crecimiento económico, productividad y generación de empleo: “un mandato de coordinación macroeconómica y de coherencia institucional, donde la estabilidad monetaria y estabilidad social no puedan concebirse como compartimentos estancos”.
El texto sostiene que la estabilidad monetaria no debería operar de manera aislada frente a problemas estructurales como la desigualdad, la informalidad laboral y la debilidad del aparato productivo.
“Se necesita revisar y ajustar el funcionamiento del Banco de la República, transformar y rescatar la banca pública y la política monetaria, de la mano con un programa nacional de desarrollo productivo popular para la generación de empleo masivo y la proscripción de la tercerización laboral. Finalmente, el Estado debe conservar el control de los sectores estratégicos de la economía”, se lee en el documento.
Tribunal constitucional autónomo y omisiones legislativas
Otro eje clave es la reforma a la justicia constitucional. El proyecto plantea la posibilidad de crear un tribunal constitucional autónomo, con facultades reforzadas para enfrentar lo que denomina “omisiones legislativas estructurales”, es decir, situaciones en las que el Congreso no desarrolla mandatos expresos de la Constitución.
La propuesta apunta a un órgano con mayor capacidad para emitir decisiones con efectos estructurales y exigir el cumplimiento de derechos fundamentales cuando los mecanismos ordinarios resultan insuficientes.
El documento aclara que cualquier redefinición del modelo de justicia constitucional quedaría en manos del poder constituyente y no se plantea como una decisión cerrada.
Cambio del modelo económico
En materia económica, el proyecto cuestiona el modelo de libre mercado que, a su juicio, ha predominado desde 1991. El texto plantea la necesidad de avanzar hacia un esquema de economía mixta con mayor participación del Estado en sectores estratégicos, fortalecimiento de la banca pública y promoción de la economía popular, cooperativa y solidaria.
También se propone revisar la política de privatización de servicios públicos esenciales y el peso del sector financiero en la economía, así como limitar la tercerización laboral. La Constituyente, según el proyecto, debería definir un nuevo marco constitucional que permita una intervención más activa del Estado en la producción, el empleo y la distribución de la riqueza.
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