La Procuraduría General de la Nación le solicitó al Consejo de Estado no aceptar un recurso extraordinario de revisión interpuesto por tres bancos en el marco del proceso del contrato Ruta del Sol 2.
Las entidades pedían modificar el orden establecido para el pago de deudas contraídas por el consorcio de este megaproyecto. Lea más en Noticias de Infraestructura.
Vale señalar que la disposición inicial dejaba en el último lugar al Banco de Bogotá, Banco de Occidente y AV Villas, por lo cual consideraban difícil que se lograra recuperar el 100% del dinero prestado para el desarrollo de la vía.
La petición se hizo contra la decisión y el auto aclaratorio proferidos en 2019 por el tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá.
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No obstante, la Procuraduría señaló que lo fallado en su momento responde a las pretensiones, fundamentos de la demanda de reconvención, la contestación y excepciones propuestas.
“Luego de revisar cada uno de los argumentos expuestos, la entidad consideró que la pretensión de las entidades que recurrieron el fallo es revivir el análisis de fondo del asunto, lo cual no es procedente a través del recurso extraordinario de revisión”, dijo el Ministerio Público.
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Y anotó que este es un instrumento excepcional para causas que están contempladas por la ley y no una instancia adicional que contemple el proceso jurídico.
De igual manera, reiteró que en este tipo de recursos está descartada la posibilidad de alegar errores de juicio en la aplicación del derecho, la interpretación de normas y la apreciación de hechos y pruebas que puedan ser endilgadas a quien está encargado de juzgar.
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Es importante recordar que, en 2019, el tribunal de arbitramento anuló el contrato de concesión entre la sociedad Concesionaria Ruta del Sol y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
Lo anterior, por cuenta de la adjudicación del mismo a un consorcio del que hacía parte la multinacional brasileña, Odebrecht. Esta compañía cometió hechos de corrupción para conseguir el megaproyecto.
Con el laudo se reconoció que el Estado colombiano adeudaba un total de $211.000 millones para terceros de buena fe que participaron en el proyecto, incluyendo a los bancos.
