El Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió recientemente un fallo de segunda instancia mediante el cual ordena al Distrito desarrollar e implementar una estrategia integral para atender la situación del espacio público en el sector de San Victorino. La decisión judicial establece una serie de obligaciones y plazos específicos para que la administración distrital adopte medidas que permitan una recuperación sostenible de esta zona de alta afluencia comercial.
Según la sentencia, la Alcaldía de Bogotá, encabezada por el alcalde Carlos Fernando Galán, deberá diseñar y poner en marcha, en un plazo máximo de doce meses, una política pública orientada a mejorar las condiciones de convivencia, movilidad y seguridad en San Victorino. El documento resalta que estas acciones deben articularse desde una perspectiva interinstitucional para garantizar que los resultados sean efectivos y perdurables.
Para el cumplimiento de esta orden, el Distrito deberá coordinar acciones con la Alcaldía Local de Santa Fe y con distintas entidades responsables del manejo del espacio público, de la inclusión social y del ordenamiento del territorio. Esta articulación permitirá avanzar en la recuperación de áreas comunes que hoy enfrentan problemas derivados del uso informal del espacio por parte de vendedores ambulantes.
¿Qué deberá hacer la Alcaldía de Bogotá con los vendedores informales en San Victorino?
Uno de los puntos centrales del fallo es la obligación de ofrecer alternativas laborales formales y estables a los vendedores informales que actualmente ocupan las vías y zonas peatonales del sector. La sentencia señala que, en un plazo de dos meses, las entidades competentes deberán adelantar la identificación de estas personas y poner en marcha procesos que les permitan acceder a oportunidades de empleo o emprendimiento. El objetivo es garantizar una transición ordenada que evite afectaciones económicas para quienes dependen de esta actividad y, al mismo tiempo, contribuya a la recuperación del espacio público.
Además, la Alcaldía Local de Santa Fe tendrá hasta seis meses para realizar un censo completo de los vendedores informales presentes en San Victorino. Con esta información, el Instituto para la Economía Social (IPES) y el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) deberán expedir los carnés que acrediten a cada comerciante dentro del nuevo esquema de regulación que se adopte. Este proceso busca establecer un control claro sobre quienes desarrollan esta actividad y garantizar que las medidas posteriores se implementen de manera organizada.
Recomendado: San Victorino tendrá radical cambio: Habrá nuevo megacentro comercial en Bogotá
De manera complementaria, el Distrito deberá consolidar un Registro Único de Vendedores Informales en un plazo máximo de dos meses. Este instrumento permitirá integrar la información recopilada y facilitar la planeación de estrategias de acompañamiento, formalización y control. Con ello se pretende avanzar hacia un modelo de gestión del espacio público que equilibre las necesidades de los comerciantes informales, los residentes, los empresarios y los transeúntes.
La decisión del Tribunal surge tras la apelación presentada por el Distrito y la Policía Metropolitana de Bogotá frente a un fallo de primera instancia emitido en respuesta a una solicitud interpuesta en 2023.
