Sancionado e inhabilitado exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, por participación en política

La defensa de Quintero ha cuestionado la inseguridad jurídica del proceso y ha anunciado que apelará el fallo.

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Daniel Quintero, exalcalde de Medellín. Foto: Archivo Alcaldía de Medellín

La Procuraduría General de la Nación sancionó e inhabilitó al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle por seis meses.

Según argumentó la Procuraduría, la decisión se tomó porque, “se encontró su participación en política por el uso de expresiones veladas a favor del Pacto Histórico, con la finalidad de obtener apoyo a la aspiración de llegar a la Presidencia en la primera vuelta electoral”.

La sanción e inhabilitación también contempla una multa por $104 millones que deberá pagar el exalcalde.

Ahora bien, durante la audiencia la defensa de Quintero cuestionó la inseguridad jurídica del proceso y anunció que apelará el fallo.

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El caso de Daniel Quintero

El proceso comenzó en 2022 después de que Daniel Quintero presuntamente participara en política al respaldar la campaña presidencial de Petro mientras aún era alcalde de Medellín.

Tres hechos fundamentaron el caso: primero, Quintero publicó un video en sus redes sociales con el mensaje «El cambio en primera», haciendo referencia a la campaña presidencial de Petro.

Además, expuso su voto por la coalición del Pacto Histórico en las consultas previas a las elecciones presidenciales de 2022 y compartió imágenes de su tarjetón de votación, comentando que había votado por su candidato.

En tercer lugar, el 17 de marzo, Quintero solicitó revisar el conteo de votos del Pacto Histórico y Fuerza Ciudadana en dichas consultas.

«Los tres momentos no pueden considerarse de manera aislada», declaró la Procuraduría en su fallo.

Daniel se pronunció minutos después en su cuenta de X: “La Procuraduría dice que puede sancionar a funcionarios de elección popular a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó a por hacerlo en el caso Petro, y que la Procuraduría es una autoridad administrativa y no penal, elegida por políticos y no por jueces”.

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