La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) informó, mediante un comunicado oficial, que el Proyecto Perimetral del Oriente de Bogotá (POB), concesionado por esta entidad, entrará en proceso de reversión a partir de este viernes, 12 de junio.
De acuerdo con la ANI, esta medida -que implicará que las vías vuelvan a manos del Invías- se adopta como consecuencia de la terminación anticipada del contrato de concesión, declarada por un tribunal internacional.
La entidad explicó que, como parte de este proceso, se han desarrollado mesas técnicas y recorridos de verificación con la Gobernación de Cundinamarca, el Instituto Nacional de Vías (Invías), las alcaldías municipales, el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (ICCU) y otras entidades competentes.
Estas acciones buscan asegurar que la entrega de los distintos tramos se realice con el soporte técnico requerido, información clara y una delimitación precisa de las responsabilidades de cada institución.
Asimismo, la ANI señaló que durante las inspecciones fueron identificados puntos críticos en las unidades funcionales 4 y 5 del proyecto. Por esta razón, se priorizaron intervenciones encaminadas a mejorar las condiciones de seguridad vial y garantizar una adecuada transitabilidad para los usuarios.
«La ANI reitera que la reversión constituye una etapa contractual e institucional que permite transferir formalmente los corredores a las entidades que tienen competencia sobre su administración, conservación y gestión», explicó Óscar Torres, presidente de la ANI.
El billonario contrato que perdió Colombia
La reversión del proyecto se produce en medio del impacto generado por el laudo internacional relacionado con la concesión de la vía 4G Perimetral de Oriente de Bogotá. La decisión arbitral fue favorable al concesionario encargado del corredor, por lo que el Estado colombiano deberá asumir una millonaria compensación económica.
De acuerdo con la información, la Nación tendrá que pagar cerca de US$305 millones, una cifra que supera los $1,3 billones, como consecuencia de la liquidación del contrato.
El origen de la controversia se remonta a las dificultades para ejecutar algunos tramos del megaproyecto. En su momento, los empresarios a cargo de la concesión argumentaron que existieron obstáculos que impidieron el desarrollo normal de las obras, razón por la cual presentaron una demanda contra el Estado colombiano.
Uno de los aspectos centrales del litigio estuvo relacionado con la presencia de cuerpos de agua en sectores contemplados dentro del proyecto. Inicialmente, un reporte de la Agencia Nacional de Infraestructura indicó que en esas áreas no existían este tipo de ecosistemas. Sin embargo, posteriormente las comunidades alertaron sobre su presencia y estudios más detallados realizados por la concesión confirmaron la existencia de dichos cuerpos hídricos.
Este hallazgo tuvo implicaciones directas en el desarrollo del proyecto, al requerir modificaciones en los diseños y la obtención de permisos ambientales adicionales, factores que terminaron influyendo en la imposibilidad de ejecutar la totalidad de las obras previstas y derivaron en uno de los procesos arbitrales más costosos para el país en materia de infraestructura.
