Los gremios de energía advirtieron que las recientes medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en materia energética podrían afectar la competitividad del sector y ahuyentar la inversión.
Puntualmente, las alertas están dirigidas al Decreto Legislativo 044 de 2026, con el cual se crean dos nuevos ‘impuestos’ en el marco de la emergencia económica. Según ha explicado el Ejecutivo, esta determinación apunta a atender la situación crítica que vive la industria y evitar la interrupción en el abastecimiento de electricidad.
En ese contexto, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) señaló que “estas decisiones alteran de manera intempestiva e injustificada el marco jurídico vigente y generan incertidumbre sobre cómo se tomarán las decisiones en el sector en el futuro”.
La agremiación hizo énfasis en que ese accionar podría frenar nuevas inversiones, afectando el desarrollo de la subasta del cargo por confiabilidad, así como el de nuevos proyectos de energías renovables.
De igual forma, Acolgen resaltó que los generadores de energía han invertido más de $140 billones para garantizar que los colombianos cuenten con energía confiable. Además de recordar que el país necesita recursos por el margen de los $13 billones anuales para asegurar el suministro de electricidad en el largo plazo.
“Cambiar las reglas de manera abrupta debilita la confianza para seguir invirtiendo, justo en un momento en el que Colombia enfrenta un riesgo de escasez de energía firme que, según datos de XM, podría llegar a -3,5 % en 2027”, alertó la entidad.
🟣El Decreto 044 de 2026, expedido en el marco de la emergencia económica, introduce nuevos tributos a la generación de energía eléctrica produciendo afectaciones a la estabilidad financiera del sector y la credibilidad del marco institucional.@MinEnergiaCo @CConstitucional pic.twitter.com/S3tmvjs6EF
— ANDEG (@Andeg_Col) January 22, 2026
Otro de los gremios que ha alzado la voz ante la nueva normativa es la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg). En un video reciente, su presidente, Alejandro Castañeda, señaló que este decreto podría llegar a impactar en la estabilidad financiera del sector.
“Esto distorsiona la forma como funciona el sector eléctrico, que siempre se ha caracterizado por ser un sector que tiene relaciones formales entre los agentes, a través de contratos, a través de bolsa y a través del operador del mercado”, resaltó el líder gremial.
Castañeda también señaló que las medidas adoptadas por el Ejecutivo tienen un carácter ‘confiscatorio’, considerando la naturaleza de las mismas.
El directivo explicó que en el primer artículo de este decreto creó un impuesto del 2,5 % sobre las utilidades de las empresas de años anteriores con el propósito de enviar esos recursos recaudados al fondo empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos para que ella misma con estos recursos honre las acreencias que tiene la empresa Air-e con el sector.
“Hoy en día estas deudas a los generadores por parte de Air-e suman $1,7 billones y de los generadores térmicos $1,1 billones. Esto es un autopago, por eso decimos que es expropiatorio. Es decir, se le vendió un servicio a la empresa Air-e en cabeza del Gobierno y este ahora cobra un impuesto directo a las generadoras para pagarles esa deuda”, resaltó.
Ambas entidades hicieron un llamado a que se reconsidere esta decisión y se encausen los retos del sector por los mecanismos institucionales ordinarios, con diálogo técnico, planeación y reglas claras que garanticen seguridad jurídica.
Del lado de Andeg, este también reiteró su petición a la Corte Constitucional para evaluar el decreto expedido en diciembre de 2025 y que puso en marcha las disposiciones definidas en la declaratoria del estado de excepción. De acuerdo con el gremio, el Gobierno impuso esta norma “sin tener los hechos sobrevinientes que justifiquen su expedición”.
