La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) estableció que se habría ejecutado un esquema de corrupción que afectó la libre competencia en seis procesos de contratación adelantados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La entidad indicó que los hechos se habrían coordinado ilegalmente entre exfuncionarios de la UNGRD y el proponente que resultó favorecido, con el presunto direccionamiento de los seis procesos de contratación adelantados en 2023 y 2024.
Estos procesos tuvieron un valor superior a $86.000 millones y estaban dirigidos a ofrecer atención prioritaria para atender situaciones de emergencia para las comunidades más vulnerables de Colombia.
Los hallazgos tienen como fundamento las evidencias recolectadas como resultado de visitas administrativas, requerimientos de información, declaraciones y el trabajo coordinado con otras autoridades como la Fiscalía General de la Nación.
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Detalle de los hechos investigados por la SIC
La SIC identificó de manera preliminar que Luis Eduardo López Rosero, alias “el Pastuso”, quien ya fue condenado por este escándalo, postuló sistemáticamente a los procesos de selección de la UNGRD empresas sometidas a su control.
Con esta operación se buscaba aparentar que existía pluralidad de oferentes y una dinámica de competencia efectiva. “Sin embargo, esas empresas actuaron de manera coordinada bajo el control de López Rosero, con el fin de presentar propuestas con sobrecostos sustanciales que fueron, posteriormente, utilizados para pagar sobornos”, encontró la SIC.
Los pagos fueron a los funcionarios y contratistas de la UNGRD involucrados en esta práctica ilegal, entre los que se encuentran, principalmente, Olmedo López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, quienes se habrían encargado de direccionar los procesos a favor de las empresas controladas por López Rosero.
Decisiones de la SIC frente al caso UNGRD
Por esta conducta sistemática, la SIC formuló pliego de cargos contra los funcionarios y contratistas de la UNGRD que participaron en la dinámica, así como contra Luis Eduardo López Rosero, las sociedades que él controlaba y las personas que de manera activa u omisiva contribuyeron a la realización de la conducta ilegal que se presentó en este caso.
Con fundamento en el régimen de protección de la competencia, si se acredita la responsabilidad de los investigados, la entidad podrá imponer sanciones que corresponden a multas de hasta 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que a la fecha suman $142.350 millones.
