Este lunes la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició una investigación contra Avianca y Price Res (Tiquetes Baratos) por el presunto incumplimiento de la Resolución 60515 del 22 de agosto de 2018, luego de que la Asociación Colombiana de Viajes y Turismo (Anato) presentara una queja al respecto.
Hay que decir que, en que en dicha norma la entidad había autorizado de manera condicionada la operación integrada de estas empresas para que operaran conjuntamente en la comercialización y reserva de paquetes turísticos a nivel nacional e internacional. Lea más Noticias de Infraestructura.
La SIC explicó que por lo menos desde noviembre de 2018 y hasta marzo de 2021, estas empresas habrían ofertado una serie de bonos promocionales en los que por la compra de tiquetes aéreos en la página web de Avianca.com se otorgaban descuentos en la compra de paquetes de Avianca Tours, marca que explotaban ambas compañías.
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Lo anterior, habría significado un incumplimiento a la Resolución 60515, pues allí se disponía que “la oferta de tiquetes aéreos de Avianca debía realizarse a los competidores potenciales y actuales de la sociedad integrada (marca Avianca Tours), sin la aplicación de condiciones discriminatorias para operaciones equivalentes que pusieran a los competidores en situación desventajosa”, comentó la SIC.
Y agregó que “este tipo de prácticas habrían otorgado una ventaja injustificada a Avianca y Price Res en detrimento de las otras empresas que participan en este mercado en la intermediación, comercialización y reserva de paquetes turísticos”.
¿Qué viene ahora?
Tras haber realizado la investigación correspondiente, la SIC solicitó explicaciones a las empresas implicadas argumentando “el posible incumplimiento a los condicionamientos previstos en una operación de integración empresarial, práctica prohibida y sancionada por el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009”.
La autoridad manifestó que por esta infracción se podrían imponer multas hasta de 100.000 salarios mínimos (equivalentes a $100.000 millones) por cada infracción al régimen de libre competencia.
Asimismo, quienes hayan facilitado, promovido, impulsado o colaborado con las conductas anticompetitivas también recibirían una sanción económica que iría a hasta 2.000 salarios mínimos ($2.000 millones).
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