La representante Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Acusación de la Cámara, radicó un auto con el que busca impulsar la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro por su presunta participación en política durante el proceso electoral de 2026.

La controversia ha levantado dudas, por cuenta de la fecha en que se presentó, pero también por quien lo hizo y el peso político de la acusación.

Para Gabriel Cifuentes, analista político, se trata de un “absurdo jurídico y no tiene fundamento legal alguno”.

“Desconoce el fuero y el trámite para aplicar cualquier tipo de medida contra el presidente. Extrapola el tratamiento a cualquier servidor público bajo el marco del código disciplinario, pero desatiende los límites que impone la constitución”, agregó.

Ahora bien, en el terreno político dijo que: “Desde la derecha acusan al oficialismo de un autogolpe dado que la medida fue adoptada por una congresista del Pacto Histórico. Pero ese autogolpe además con la intención de victimizar al presidente y de darle gasolina a su argumento de que hay una persecución política”.

Y desde el oficialismo “acusan a la representante de prevaricar e incluso de tener motivaciones en contra del gobierno por no haber accedido a varias de sus peticiones. En suma, tanto derecha como izquierda con argumentos distintos van a pretender capitalizar políticamente lo que es un exabrupto jurídico y una decisión que desde lo político es difícil de explicar”, concluyó el analista político.

En la misma línea, el analista político Yann Basset consideró que la iniciativa tiene pocas posibilidades de prosperar. Según explicó, ni los tiempos ni el procedimiento permiten que la solicitud desemboque en una decisión de fondo antes de que concluya el actual proceso electoral.

Sobre el impacto político del caso, señaló que aún es prematuro sacar conclusiones y dijo no entender las motivaciones detrás de la actuación de la representante Gloria Arizabaleta.

“No veo ni el tiempo ni la forma para que esto desemboque en algo. En cuanto al efecto político, habrá que esperar para entender qué está pasando y qué buscaba la representante. La verdad, no entiendo que una congresista del Pacto Histórico pretenda destituir, inhabilitar o suspender al presidente durante 15 días en plena campaña electoral”, afirmó.

El representante Hernán Cadavid, integrante de la Comisión de Acusaciones, explicó el camino a seguir. Según detalló, el documento deberá ser discutido por los 18 integrantes de esa célula legislativa, quienes decidirán por mayoría si respaldan o rechazan la propuesta. Si esto sale adelante, la iniciativa pasará a la plenaria de la Cámara y después a la del Senado, que es la única que tiene potestad de suspender del cargo a un presidente en caso de lograr todo el trámite señalado.

Ante la polémica, el representante liberal Leonardo Gallego presentó su renuncia a la Comisión de Acusaciones, al manifestar su desacuerdo con la iniciativa de suspender al mandatario.

Por su parte, el senador del Centro Democrático Esteban Quintero calificó la controversia como una estrategia política en medio de la campaña presidencial y aseguró que la Constitución no otorga a la Comisión de Acusaciones la facultad de suspender al presidente.

El congresista recordó que, incluso si prosperara una acusación en esa instancia, el trámite tendría que avanzar posteriormente a la plenaria de la Cámara de Representantes y, en una etapa posterior, al Senado de la República, que es el órgano competente para conocer este tipo de procesos contra el jefe de Estado.

¿Qué ha dicho Petro sobre su posible suspensión?

El presidente Petro aseguró que no existe una decisión en firme en su contra y sostuvo que se trata únicamente de una solicitud presentada por la congresista investigadora.

“Hasta donde yo sé, la Comisión de Acusaciones no ha pedido mi suspensión. Es una congresista la que ha presentado una solicitud ante la Comisión y estamos en la primera fase del proceso”, afirmó Petro.

El jefe de Estado también cuestionó la competencia de la célula legislativa para apartarlo del cargo y aseguró que, de acuerdo con su interpretación jurídica, una eventual suspensión de un presidente requeriría la intervención del Senado.

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