Ante la suspensión de la reforma pensional que ordenó la Corte Constitucional, los fondos privados de pensiones y distintos sectores salieron a explicar qué consecuencias trae para el sistema.
Desde de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (Asofondos) esperan el auto del alto tribunal para analizar el alcance de la suspensión de la norma y determinar la hoja de ruta a seguir.
Al respecto, Andrés Velasco, presidente Asofondos anotó: “El gremio que agrupa a las administradoras de fondos de pensiones Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia; resaltamos la importancia de que la Corte Constitucional haya decidido antes de la programada entrada en vigor de la ley 2381, el próximo 1 de julio. Esto evita complicaciones operativas y jurídicas”.
Como la decisión de la Corte modificó la ponencia original, se debe corregir el texto y recolectar firmas. Solo cuando eso haya sucedido se procederá a la notificación oficial a la Cámara de Representantes y a partir de esa notificación es cuando empezaría a correr el término de 30 días hábiles.
Posteriormente, el presidente de la Cámara de Representantes debe rendir informe a la Corte Constitucional y solo cuando la Corte se “…pronuncie definitivamente sobre la constitucionalidad de la Ley 2381 de 2024.”, se sabrá si la Ley es constitucional. Mientras eso no ocurra, la Ley 2381 no podrá entrar en vigor.
El dirigente gremial agregó: “entendemos que el trámite del, ahora nuevamente, proyecto de ley, retorna a la Cámara para surtir último debate. En ese escenario, las administradoras y el gremio continuarán contribuyendo a la búsqueda del mejor sistema pensional para los trabajadores colombianos”.
Finalmente, Velasco aclaró que “desde Asofondos estamos muy atentos a la comunicación del auto por medio del cual se oficializan las decisiones de la Corte Constitucional, para formar una expectativa sobre cuáles podrían ser los tiempos que tomarán los trámites que hacen falta para perfeccionar el proyecto de ley de reforma pensional, y cuándo se podrían dar los siguientes pasos”.
Eso sí, la Corte hizo unas excepciones, (artículo 12 y 76) que las ACCAI continúan existiendo y que los traslados efectuados en el marco de la ventana de oportunidad de traslado se consideran en firme.
Los errores en la pensional y la mirada jurídica
Por otro lado, Integral Soluciones Pensionales (ISP), la firma especializada en consultoría pensional, indicó que desde la aprobación de la reforma advirtieron los vicios constitucionales y por ello presentaron una solicitud de suspensión basada en seis puntos.
El primero de ellos, la cobertura del riesgo de invalidez y sobrevivencia para afiliados, la ejecución del Decreto 0069 de 2025 que aplazó una ejecución presupuestal a Colpensiones, la ausencia de análisis del impacto fiscal del Fondo de Garantía.
Así como los recursos para la implementación del pilar solidarios para el II semestre de la vigencia fiscal, el antecedente de Estado de Cosas Inconstitucional en Colpensiones y la sostenibilidad fiscal del sistema.
“Celebramos la decisión de la Corte y pedimos al Gobierno Nacional respetar su decisión y el posterior análisis de constitucionalidad a realizar tras la subsanación del trámite legislativo que hará el alto tribunal constitucional”, concluyó la firma ISP.
Finalmente, desde la firma de abogados Holland & Knight señalaron que la Corte Constitucional le dio un «salvavidas» a la reforma pensional, al declarar su inconstitucionalidad condicionada y permitir que se tramite nuevamente en el Congreso.
Advirtieron que el panorama político cambiará a partir del 20 de julio con un nuevo presidente de la Cámara, que podría ser menos o más favorable al Gobierno, y que esto podría llevar a un debate más técnico y responsable, especialmente de cara a las elecciones de 2026.
“Aunque la reforma no entrará en vigor el 1 de julio, se abre la posibilidad de que sea discutida durante una nueva legislatura y se logre un consenso que beneficie al país sin poner en riesgo la sostenibilidad fiscal”.
Y agregaron: “Las noticias son positivas: no se pueden vulnerar los principios democráticos y el Gobierno no puede pasar la aplanadora por encima del Congreso”.
