El recibo del servicio de aseo podría tener cambios en Colombia a partir de 2027. La razón es una nueva regulación que modifica la forma de calcular cuánto se reconoce a las empresas por recoger las basuras, barrer las calles, cortar el césped, disponer los residuos y aprovechar los materiales reciclables. El cambio ya genera una controversia entre el regulador y el gremio que representa a las empresas de servicios públicos.
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La preocupación para los hogares es cuánto podría aumentar el cobro mensual. Sin embargo, hasta el momento no existe una estimación pública nacional validada que permita establecer un porcentaje de incremento para todos los usuarios. El efecto dependerá de la ciudad, el prestador y los componentes que integran la tarifa.
El debate se centra en la Resolución CRA 1040, expedida el 30 de julio de 2026 por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA). La norma reemplaza la metodología tarifaria anterior para los prestadores que atienden municipios o distritos con más de 5.000 suscriptores urbanos y contempla su aplicación obligatoria desde el 1 de enero de 2027.
En medio de ese panorama, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) pidió revocar directamente la resolución. El gremio sostiene que existen problemas en el proceso de participación ciudadana y cuestionamientos técnicos que podrían comprometer la sostenibilidad de las empresas y la calidad del servicio.
¿Por qué podría aumentar la tarifa de aseo en Colombia?
La Resolución CRA 1040 establece los criterios para calcular los costos reconocidos por diferentes actividades del servicio público de aseo. Entre ellas están la recolección y el transporte de residuos, el barrido de calles, el corte de césped, la disposición final en rellenos sanitarios y el aprovechamiento de materiales reciclables.
En términos sencillos, la metodología determina qué costos se reconocen para prestar el servicio. Si las fórmulas utilizan supuestos que no corresponden con las condiciones reales de operación, podría surgir una diferencia entre los recursos reconocidos y los que necesitan los prestadores para cumplir sus obligaciones.
Ese es uno de los puntos que se discuten alrededor de la nueva regulación. Las evaluaciones técnicas presentadas por prestadores cuestionan algunos rendimientos de los equipos, los costos de mantenimiento y la manera de actualizar determinados componentes.
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No obstante, estas diferencias técnicas no permiten concluir por sí solas que el recibo aumentará en una proporción específica. Para conocer el efecto real sobre los hogares se necesitan los cálculos correspondientes a cada ciudad y componente tarifario.
Andesco calcula que el nuevo marco podría tener efectos sobre unos 36 millones de usuarios. En su solicitud de revocatoria, el gremio pidió revisar tanto las condiciones económicas de la metodología como el procedimiento utilizado para adoptarla.
Uno de los aspectos cuestionados es el rendimiento que la nueva metodología atribuye a los equipos utilizados para prestar el servicio. Estas cifras son relevantes porque las fórmulas tarifarias utilizan parámetros de eficiencia para calcular los costos que pueden reconocerse.
Las evaluaciones técnicas presentadas por prestadores, recogidas en el análisis de la Resolución 1040, plantean las siguientes diferencias:
- Barrido mecánico: la resolución contempla un rendimiento de 57,42 kilómetros diarios para una barredora sobre chasis y de 37,5 kilómetros para una máquina autocontenida. Las referencias presentadas por prestadores sitúan el rendimiento cerca de 32 kilómetros al día, teniendo en cuenta el tráfico, los desplazamientos y las recargas y descargas.
- Mantenimiento de barredoras: la nueva metodología utiliza una tasa del 10 %, frente al 21,14 % contemplado en la metodología anterior.
- Corte de césped: la regulación establece un rendimiento de 3.324,5 metros cuadrados diarios. Las referencias presentadas por prestadores se ubican entre 2.500 y 2.900 metros cuadrados, dependiendo de la zona.
- Actualización de los costos de barrido: la fórmula incorpora un indexador con un 34 % ligado al salario mínimo. Los prestadores señalan que la mano de obra representa entre el 77 % y el 81 % de este componente, por lo que advierten sobre una posible diferencia entre los costos reconocidos y los gastos laborales reales con el paso del tiempo.
Estos parámetros son parte de la discusión técnica y no deben interpretarse como aumentos confirmados en la factura. El impacto dependerá de cómo se apliquen las fórmulas y de los costos que se reconozcan efectivamente a los prestadores.
¿Por qué Andesco pide revocar la Resolución CRA 1040?
Andesco presentó la solicitud de revocatoria directa ante el Gobierno Nacional el 22 de septiembre de 2026. El gremio agrupó sus cuestionamientos en cuatro asuntos: posibles fallas en la participación ciudadana, incorporación de disposiciones nuevas que no habrían sido sometidas a discusión previa, efectos retroactivos relacionados con el aprovechamiento de residuos y cumplimiento de los criterios tarifarios de la Ley 142 de 1994.
Sobre la participación ciudadana, Andesco considera que publicar un proyecto y recibir comentarios no es suficiente si los actores regulados no pueden conocer oportunamente las propuestas, evaluar sus efectos y saber cómo se estudiaron sus observaciones.
El gremio también cuestiona las diferencias entre el proyecto sometido a consulta y la resolución definitiva. Según su solicitud, más del 50 % de las disposiciones correspondería a reglas nuevas que no habrían sido conocidas y discutidas previamente por los actores de la cadena.
En su pronunciamiento del 22 de septiembre, Camilo Sánchez, presidente de Andesco, sostuvo que la regulación debe revisarse de fondo. El dirigente afirmó: “Esta solicitud busca que se revise de fondo una regulación que tendrá efectos determinantes sobre la prestación del servicio público de aseo en Colombia. La participación ciudadana debe ser efectiva; las disposiciones que generan impactos sustanciales deben ser conocidas y discutidas antes de su adopción; las nuevas reglas no deben producir efectos retroactivos sobre situaciones consolidadas; y toda decisión tarifaria debe cumplir integralmente los criterios establecidos por la ley”.
Sánchez añadió que el gremio considera que están en juego “la seguridad jurídica, la sostenibilidad de las empresas y, principalmente, la continuidad y calidad del servicio para 36 millones de usuarios”.
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Por su parte, la CRA sostiene que la Resolución 1040 busca modernizar el servicio público de aseo, avanzar hacia la economía circular y desarrollar la estrategia Basura Cero. También plantea fortalecer la actividad de los recicladores de oficio y mejorar las condiciones económicas de sus organizaciones.
