El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, un dato que desde el primer momento puso al departamento en el centro de la emergencia.
Para las comunidades de esta región, la preocupación no solo está relacionada con la fuerza con la que se sintió el movimiento, sino con las condiciones de conectividad, atención médica, infraestructura y acceso a servicios que deben garantizarse mientras avanzan las evaluaciones de daños.
La actualización más reciente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con corte al 12 de agosto de 2026 a las 7:30 a. m., registra 239 personas fallecidas, 3.755 heridas y 287 desaparecidas en todo el país. El mismo consolidado contabiliza 24.324 familias afectadas y 49.214 personas afectadas.
En infraestructura, el balance nacional registra 9.215 viviendas destruidas, 45.457 viviendas averiadas y 140 edificios colapsados. También aparecen 1.667 centros educativos, 530 centros comunitarios y 188 centros de salud afectados, además de daños en vías, acueductos, puentes, entidades bancarias y aeropuertos.
Viviendas, hospitales y servicios: el tamaño de la afectación en Chocó
Aunque el consolidado nacional ya muestra una emergencia de mayor dimensión, los datos específicos de Chocó utilizados en el reporte situacional inicial permiten entender cuáles son las necesidades particulares del departamento.
La UNGRD contabilizaba en ese corte 14 personas fallecidas, 131 heridas y 10 desaparecidas en Chocó, mientras que el departamento registraba 1.832 viviendas averiadas y 715 destruidas. También aparecían afectaciones en siete centros de salud, 10 centros educativos y 127 centros comunitarios.
Estas son las prioridades para Chocó tras el terremoto
El reporte de la UNGRD identifica una serie de necesidades territoriales específicas para Chocó. La primera es la búsqueda y rescate, seguida por el traslado de pacientes y el fortalecimiento del soporte en comunicaciones e internet.
La conectividad adquiere especial relevancia en una emergencia de estas características. Las autoridades necesitan mantener comunicación con los municipios afectados para conocer el estado de las personas, coordinar equipos de respuesta y actualizar los censos de daños.
Otra prioridad establecida es la evaluación de daños, con énfasis en la infraestructura vital. Esto permitirá determinar qué edificaciones presentan condiciones de riesgo y cuáles pueden seguir prestando servicios, especialmente aquellas relacionadas con salud, educación y atención de emergencias.
La UNGRD también identifica la necesidad de contar con maquinaria amarilla para garantizar accesibilidad y transporte, así como revisar los requerimientos de agua y saneamiento.
En una región donde una emergencia puede dificultar los desplazamientos y la llegada de ayuda, mantener abiertas las rutas de acceso se convierte en una prioridad operativa.
Quibdó concentra buena parte de la presión sobre el Chocó
La emergencia también tiene un reflejo concreto en Quibdó, capital del departamento. El balance de Asocapitales con corte a las 4:00 p. m. del 11 de agosto registraba en la ciudad nueve personas fallecidas, 116 heridas, seis atrapadas y cinco desaparecidas. En infraestructura residencial, reportaba 862 viviendas averiadas y 23 viviendas colapsadas.
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La infraestructura pública también presentaba daños. De acuerdo con el mismo reporte, en Quibdó había nueve infraestructuras totalmente colapsadas: tres edificios municipales, cuatro edificios educativos y dos instalaciones de salud.
El documento mantenía a Quibdó entre las cinco capitales del país en alerta roja, junto con Cali, Pereira, Manizales y Armenia.
El caso de Quibdó resulta especialmente relevante porque muestra cómo la afectación del departamento se traduce en presión sobre la infraestructura urbana. La atención no depende únicamente de reparar viviendas: también exige recuperar edificios públicos, establecimientos educativos y servicios de salud.
Aunque el epicentro estuvo en Chocó y el departamento enfrenta una afectación importante, los balances muestran que la emergencia más grave se extiende a otras regiones del país.
Los datos departamentales del reporte de la mañana del 11 de agosto muestran, además, que Risaralda y Valle del Cauca concentraban buena parte de las víctimas. En ese corte, Risaralda registraba 90 fallecidos y Valle del Cauca 70, frente a los 14 de Chocó.
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En viviendas, el panorama también era distinto. Chocó registraba 715 viviendas destruidas y 1.832 averiadas, mientras Valle del Cauca acumulaba 256 viviendas destruidas y Quindío reportaba 2.144 viviendas averiadas en el mismo corte.
