Después de semanas de incertidumbre, el Congreso aprobó el Presupuesto General de la Nación para 2026, luego de un acuerdo que implicó un recorte de $10 billones. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó en entrevista con El Espectador cómo se alcanzó el consenso y qué viene con la reforma tributaria —o “ley de financiamiento”, como la llama el Gobierno—, que será presentada antes de que termine el año.
“Empezamos con una propuesta de $556,9 billones, que incluía una ley de financiamiento por $26,3 billones. Después de las conversaciones con el Congreso y con el presidente Petro, acordamos reducir en $10 billones tanto el monto del presupuesto como el de la ley de financiamiento, que pasó a $16,3 billones”, explicó Ávila.
Según el ministro, fue un “ejercicio constructivo y dinámico” que permitió ajustar sectores sin sacrificar prioridades sociales. “Hubo conciencia por parte de los congresistas de que no era fácil hacer recortes mayores y el Gobierno fue flexible”.
Los impuestos que salen y los que se quedan
Con la reducción del recaudo proyectado, el Ejecutivo eliminará los puntos más sensibles de la reforma original. “Decidimos excluir el incremento al IVA de la gasolina, que era el único que generaba alguna transferencia a la canasta familiar”, confirmó Ávila.
También se suspenderá el impuesto a la cerveza, aunque se mantendrán los incrementos al IVA sobre los licores de alto contenido alcohólico. En cuanto al impuesto al consumo de boletas por encima de $500.000, el ministro anticipó que podría descartarse: “El nivel de recaudo sería bajo, por eso estamos considerando no tenerlo en cuenta”.
Entre los tributos que sí se mantendrán están los impuestos al patrimonio, a la renta, al sector financiero, algunos ambientales y los impuestos al consumo sobre bebidas distintas a la cerveza. El objetivo, según Ávila, es mantener una reforma progresiva, concentrando el esfuerzo en los sectores de mayores ingresos. “El sector financiero debe aportar más a las finanzas del país, sobre todo a los programas sociales que son altamente redistributivos”, dijo.
Sobre el impuesto de renta, explicó que solo afectará a personas con ingresos superiores a $10,2 millones mensuales, con un incremento leve en la tarifa que aumenta conforme crecen los ingresos.
“No se tocarán los estratos bajos ni los medios”, aseguró.
En cuanto al impuesto al patrimonio, señaló que habrá incrementos para quienes tengan bienes por encima de $2.000 millones. “Cuanto más alto sea el patrimonio, mayor será la tarifa”.
La apuesta por un consenso en un año preelectoral
Pese a los temores políticos, Ávila confía en que la reforma tributaria será aprobada este año. “El Congreso entendió la importancia del consenso en el presupuesto, y creo que algo similar ocurrirá con la reforma. Hemos creado un ambiente favorable y podemos construir mayorías”, sostuvo.
El ministro insistió en que el proyecto no afectará la canasta familiar y no tocará a los sectores de ingresos bajos ni medios. “Se enfocará en los estratos medio-altos y altos, que serán quienes aporten a los nuevos ingresos del país”, reiteró.
En caso de que el Congreso no apruebe la iniciativa, advirtió que el Gobierno tendría que hacer ajustes presupuestales y acudir a otras fuentes de financiación, aunque confía en que “habrá un debate razonable”.
Inflación, tasas y déficit fiscal
Sobre la política monetaria, Ávila reiteró su llamado al Banco de la República para reducir las tasas de interés, actualmente en 9,5 %. “Mantenemos una brecha extremadamente grande con la inflación, que está en 5,1 %. Si queremos que la economía crezca, necesitamos estímulos más fuertes”, señaló.
Según el ministro, un crecimiento económico más robusto ayudaría a cerrar el déficit fiscal, estimado en $16 billones. “A medida que resolvemos el crecimiento económico, resolvemos el problema del déficit”, afirmó.
El jefe de la cartera de Hacienda también explicó las causas de ese hueco fiscal:
“Cuando llegó el presidente Petro, se había acumulado una deuda muy grande en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, cerca de $79 billones. Esa es la principal causa del incremento en el déficit”.
A ello se sumó un crédito de US$5.300 millones con el FMI, contratado durante la pandemia. “Lo grave no fue el endeudamiento, sino la forma en que se hizo. Este Gobierno tuvo que pagarlo en dos años”, dijo.
Por esa razón, el Ejecutivo activó la cláusula de escape de la regla fiscal, para estabilizar las finanzas sin estrangular el gasto público. “Intentar resolverlo en un solo año habría sido un despropósito”.
Diésel, FMI y visión económica del Gobierno
Ávila confirmó que el ajuste del diésel avanzará de forma gradual. “Ya completamos el trámite de un decreto para nivelar el ACPM en vehículos que no son de transporte de carga, cerca del 30 % de los que usan diésel, como camionetas o vehículos de lujo. Para ellos desaparecerá el subsidio”.
Sobre el crédito con el Fondo Monetario Internacional, aclaró que no se trata de un síntoma de fragilidad fiscal:
“Nosotros lo suspendimos. En diciembre se pagará la última cuota. No contemplamos usar la línea de crédito flexible; las necesidades de financiamiento externo están aseguradas”.
Frente a las críticas del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), que advierte un déficit mayor, Ávila defendió la flexibilidad económica del Gobierno:
“El problema del CARF es que está amarrado a una visión rígida. Para nosotros, el factor de referencia fundamental es garantizar el crecimiento económico. Si para eso hay que tener menores rigideces con respecto a la inflación o la regla fiscal, hay que ser flexibles”.
El ministro también cuestionó los “fetiches” del debate económico, en especial la idea de que subir el salario mínimo genera inflación o desempleo.
“Llevamos tres años aumentando el salario mínimo sin generar inflación ni desempleo. Creemos en una economía redistributiva. Lo que construye el crecimiento económico es que haya mayor capacidad de gasto e ingreso”, concluyó.
