Según la dirección de investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercados de Bancolombia, la reforma que se está proponiendo será fundamental para garantizar un marco macroeconómico estable para los siguientes años.
En el gasto social, la reforma se enfoca en tres elementos de apoyo a la población más vulnerable: la consolidación definitiva del Programa de Ingreso Solidario, los programas de impulso al empleo y la educación y la devolución anticipada del IVA.
La iniciativa de política social más ambiciosa es el Programa de Ingreso Solidario, que se desarrollará bajo la figura de una renta básica no condicionada.
En cuanto a las modificaciones al estatuto tributario, la principal fuente de recursos adicionales será el impuesto de renta a las personas naturales. Además, la ampliación de la base iría acompañada de una curva de tarifas más progresiva.
Finalmente, en lo concerniente a la renta se permitiría descontar del pago lo tributado por impuesto al patrimonio.
En el impuesto de renta a personas jurídicas, la propuesta elimina ciertos beneficios puntuales y reduce la tarifa del impuesto a las empresas de menor tamaño, pero incluye una sobretasa de 3 % por dos años.
Por su parte, las modificaciones al IVA apuntan a un incremento en su recaudo desde representar un 39 % de su máximo potencial hasta un 43 %.
En términos de austeridad, la propuesta contempla que el gasto en personal (nómina) y la compra de bienes solo podrán aumentar según la expectativa de inflación.
Frente al presupuesto de 2021, el articulado del proyecto propone una adición presupuestal por $11,4 billones para apoyar el Paef por tres meses más e Ingreso Solidario durante todo el segundo semestre.
El gasto adicional será compensado con el Impuesto Solidario, pero en el neto esta adición implicará que el déficit fiscal estimado oficial para este año rondará el 9,3% del PIB.
Bancolombia destaca el énfasis redistributivo de la iniciativa. En el caso en que el Congreso aprobara la propuesta del Ministerio de Hacienda, se fortalecería la capacidad redistributiva de la política económica, aspecto en el que Colombia ha exhibido una debilidad de larga data.
Algunas estimaciones incluso encontraban que hasta 2019 el efecto neto en redistribución de la política económica colombiana era negativo, por cuenta de los subsidios que se aplican en el sistema de pensiones.
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Consideraciones de Bancolombia
Según Investigaciones Bancolombia, la propuesta también contribuye a la consolidación fiscal.
En la medida en que la reforma reconoce y financia la permanencia de algunas de las medidas de apoyo social adoptadas durante la emergencia sanitaria, y además lograría corregir el déficit del Gobierno Central en promedio en 1,4 pp del PIB en la próxima década, contribuiría a estabilizar el saldo de la deuda pública.
Bancolombia encontró que persiste la tendencia de adoptar medidas de carácter temporal. Como ha ocurrido con reformas previas, las sobretasas transitorias y otros cambios no permanentes al estatuto tributario suelen derivar en que los recursos que se dejarán de recaudar pueden hacer necesaria una nueva reforma en los próximos años.
Bancolombia considera que el avance en materia de simplificación del estatuto tributario sería limitado. Además, anticipa efectos mixtos: la reforma desactivaría los riesgos asociados a un escenario de insostenibilidad fiscal, los cuales podrían poner en entredicho la estabilidad macroeconómica del país.
Además, la capacidad de compra de los hogares más vulnerables se fortalecería
gracias a los nuevos beneficios que recibirían. A esto se suma que continuarían algunos de los incentivos a la inversión privada previstos en la reforma tributaria anterior.
Por otra parte, el ingreso disponible y el nivel de ahorro de una parte de la población se reducirían.
Por último, Bancolombia considera que los impactos económicos y sociales de la propuesta serán muy variados y dependerán en buena medida de cada agente económico o sector en particular, lo que amerita un estudio pormenorizado.
Según el banco, este proyecto aporta en la búsqueda de la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo, y al mismo tiempo contribuye a aliviar algunos de los efectos socioeconómicos negativos que ha generado la pandemia.
De esta manera, si la propuesta fuese aprobada tal como la presentó el Ejecutivo, se reduciría el riesgo de una rebaja en la calificación crediticia del país.