El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes 2 de septiembre que su administración solicitará a la Corte Suprema una “decisión acelerada” sobre la apelación presentada contra el fallo de un tribunal de apelaciones que declaró ilegales la mayoría de sus aranceles.
“Si eliminamos los aranceles, podríamos terminar siendo un país del tercer mundo”, dijo Trump.
La semana pasada, una corte federal determinó en una votación de 7 a 4 que los gravámenes impuestos por la Casa Blanca bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) excedían la autoridad que el Ejecutivo puede ejercer sin aprobación del Congreso, dejando en entredicho uno de los pilares de la política comercial de Trump.
Sin embargo, el tribunal permitió que las tarifas se mantengan vigentes hasta el 14 de octubre de 2025, con el fin de dar margen a la administración para presentar su recurso ante el máximo tribunal del país.
Desde la Oficina Oval, Trump aseguró que pedirá una respuesta rápida para evitar lo que calificó como un “desastre total para la economía estadounidense”.
En declaraciones a medios y en su red Truth Social, el mandatario defendió los aranceles como una herramienta clave para proteger la industria nacional y renegociar acuerdos comerciales.
Señaló incluso que la eliminación de estas tarifas pondría en riesgo “US$17 billones” de la economía del país, una cifra cuestionada por analistas pero que refleja la importancia que la Casa Blanca atribuye a este instrumento de presión comercial.
El mandatario acusó al tribunal de haber actuado con sesgo político y anunció la creación de un comité de emergencia para diseñar la estrategia legal que se presentará ante la Corte Suprema en los próximos días.
Contexto legal y económico
El fallo judicial representa un nuevo episodio en la controversia sobre los llamados “aranceles del Día de la Liberación”, anunciados por Trump en abril de 2025 como un arancel general del 10 % a casi todas las importaciones.
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La medida fue justificada bajo la figura de emergencia nacional prevista en la IEEPA, pero desde el inicio fue objeto de demandas por parte de importadores y asociaciones empresariales que cuestionaron la legalidad de otorgar al Ejecutivo poderes tan amplios para imponer tarifas sin intervención del Congreso.
La Corte de Comercio Internacional ya había fallado en mayo contra el uso de esta herramienta, y la apelación ante el Tribunal Federal terminó por confirmar que Trump había excedido sus competencias constitucionales.
El impacto de esta decisión se sintió de inmediato en los mercados financieros. Wall Street cayó más de un 1 % y los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron, reflejando la preocupación de los inversionistas por la posibilidad de que, en caso de ratificación del fallo, el gobierno deba reembolsar miles de millones de dólares a las empresas que han pagado los aranceles desde su implementación.
Pese a ello, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, manifestó su confianza en que la Corte Suprema avalará la posición del Ejecutivo.
Así las cosas, la apelación abre un pulso legal y político de gran magnitud, con tres escenarios posibles: que la Corte Suprema emita una resolución rápida y respalde al presidente, que confirme la ilegalidad y obligue a desmontar los aranceles con el consiguiente costo fiscal, o que otorgue un fallo parcial que deje espacio para ajustes legislativos.
